Fecha de lanzamiento: 18 de octubre de 2023

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En noviembre de 2021, luego de que decidiera marchar sólo por su natal Matanzas en apoyo al grupo Archipiélago, Reniel Rodríguez fue detenido y llevado a un centro de menores. Algunos días después, fue transferido a una Escuela de Formación Integral (EFI) o, como popularmente se les conoce, una “escuela de conducta”.

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En una entrevista sesgada que publicó el diario oficialista Girón, María Josefa González Mayé, madre del adolescente, aseguró que este había permanecido en el centro sólo dos días, y que había recibido un trato acertado.

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"Después se le informó que tenía que venir para el EFI. Como todo niño, no entendía por qué venía para acá. Me di cuenta que esto es una escuela, recibimos un buen trato también. Yo me fui con otro concepto”, dijo González Mayé.

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Por último, y como una especie de advertencia ensayada, pidió a los padres estar "más pendientes" de las redes sociales de sus hijos.

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Resulta oportuno señalar que, comenzando la década de 1980, de acuerdo al Decreto Ley 64/82, se aprobó la creación del Sistema de Atención de Menores con Trastorno de Conducta. Según esta disposición, se atienden a los menores de 16 años que "presentan trastornos de la conducta [o] manifestaciones antisociales, lleguen o no a constituirse en índices significativos de desviación y peligrosidad social o participen en hechos que la ley tipifique como delitos".

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Esta establece tres categorías de clasificación para los adolescentes. La primera, para aquellos que incurran en "indisciplinas graves o [posean] trastornos permanentes de la conducta que dificulten su aprendizaje en las escuelas del Sistema Nacional de Educación".

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La segunda, se encarga de quienes "presenten conductas disociales o manifestaciones antisociales que no lleguen a constituir índices significativos de desviación y peligrosidad social o que incurran en hechos antisociales que no muestren gran peligrosidad social en la conducta".

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La tercera, está destinada a quienes "incurran en hechos antisociales de elevada peligrosidad social, incluidos [quienes] participen en hechos que la ley tipifica como delitos, los reincidentes en tal sentido, [quienes] mantengan conductas antisociales que evidencien índices significativos de desviación y peligrosidad".

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"El internamiento es excepcional, a partir de la participación del menor en un hecho que la ley tipifica como delito, o por mantener una conducta muy agravada", declaró al diario Granma la coronel Luciana Calixto Prieto.

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Además, especificó que la reclusión en las EFI "no tiene tiempo ni límite, sino que es a partir de que el menor vaya modificando su conducta, que puede ser antes o después del año, en dependencia del hecho, que la ley tipifica como delito, en el cual participó, y, por supuesto, de que la familia esté en condiciones, porque se buscan las potencialidades del menor, de la familia y del entorno, para poder prepararlo".

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En 2021, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su número 41, estableció bases más sólidas para la tramitación de los expedientes de adolescentes que entran al sistema. Según declara dicha disposición en su artículo 2, “El Consejo Nacional y los Consejos, una vez recibido el expediente, realizan entrevistas a los menores de edad con sus representantes legales, para ser escuchados y aportar elementos que incidan directamente en las cuestiones que formarán parte del debate, previo a la sesión de análisis para la decisión de las medidas y otros acuerdos”.

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La votación de los miembros de dicho Consejo, -que dispone de hasta 30 días para tomar veredicto- determinará la medida a emplear con el menor en cuestión, y deberá redactar un acta que incluya todas las precisiones dictaminadas. Este documento, se anexará de manera permanente en el expediente docente del estudiante, y será enviado a la Fiscalía correspondiente.

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En el caso de Reniel, las evidencias indican que no se cumplieron las garantías procesales. Por el contrario, en solo 72 horas el régimen fue capaz de encontrar un equipo de especialistas que dictaminó, en tiempo récord, la reclusión del menor.  Por si esto fuera poco, podríamos decir que Rodríguez tuvo una readecuación de conducta casi inmediata, pues en solo dos días, el presunto “equipo de especialistas” que estudió su situación cambió de parecer.

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Como se demostró posteriormente, Reniel no puede incluirse en ninguna de las categorías descritas, mas su postura crítica respecto al régimen totalitario cubano lo hizo permanecer en ese sitio con características asociadas a un establecimiento penitenciario, donde debió convivir con adolescentes que poseen un historial delictivo, en mayor o menor cuantía.

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Las clarísimas violaciones al debido proceso, dejan al descubierto el afán de “escarmentar” a Rodríguez. En este proceso, el sistema educativo y el de atención a menores sirven de meros instrumentos, vapuleados a su antojo por la Seguridad del Estado.

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Aunque las autoridades de estas instituciones se han mostrado triunfalistas respecto a los cuidados brindados por expertos y la evolución positiva de los adolescentes, el discurso sigue proviniendo del oficialismo, por lo que el acontecer real dentro de estos planteles es una incógnita.

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Reiteradamente se ha intentado lavar la cara de estos centros, presentándolos como “instituciones educativas de tránsito, semejantes a las escuelas de la enseñanza general, solo que en las EFI entran los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para brindarles tratamiento, formarlos y reintegrarlos a la sociedad”, según destaca el diario Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista.

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Por su parte, la teniente Yelena de las Mercedes Valenzuela Orta, sicóloga de la EFI José Martí, destacó que la sociedad “estigmatiza porque desconocen las características de estos centros. A veces pasa que cuando los niños tienen que venir para acá, los padres reaccionan, pero cuando llegan, que nosotros les explicamos el tratamiento que brindamos y ellos mismos ven el resultado, se dan cuenta de que sus hijos sí necesitan de nuestra atención”.

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Sin embargo, la selección de estas “escuelas” como método aleccionador para los hijos de aquellos que deciden alzar su voz contra los desmanes del Gobierno, permite intuir que la realidad al interior es muchísimo más negativa.

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En septiembre pasado, reportes en redes sociales dieron a conocer el caso de Nathalie Álvarez López, adolescente de 13 años, hija de Gloria María López Valle, y hermana de Christian González López, ambos presos políticos sentenciados por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en el municipio de Nueva Paz, provincia de Mayabeque.

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La menor, que debió ingresar a un Hogar para Niños y Adolescentes sin Amparo Filial hasta el fin de la condena de su madre, fue trasladada, además, del Sistema regular de enseñanza hacia una Escuela de Formación Integral, sin haberse demostrado que presenta alguna desviación de su conducta capaz de justificar este hecho.

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En ambas instituciones, la menor ha sufrido abusos sicológicos por parte del personal docente. La violencia contra ella se debe a “ser hija de una presa política”. Por esa “condición”, Nathalie ha sido víctima de robo, bullying y acoso sexual.

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La situación ha generado estrés en la adolescente, quien ha llegado al extremo de intentar terminar con su vida. Por otra parte, su madre y hermano se mantienen en constante incertidumbre pues, al pasar la custodia de esta al Estado cubano, ambos se encuentran imposibilitados de tomar decisiones respecto a su formación. Con la niña como moneda de cambio, el Estado pretende acallar los reclamos de ambos presos políticos.

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Siguiendo el mismo método represivo y, contando con la permisividad de los directivos educativos de Camagüey, la alumna Katherine Acosta Peña, de tan solo siete años, fue sacada de su escuela sin la autorización de sus padres y conducida por un miembro del claustro docente hasta una patrulla policial para llevarla a una "entrevista" con agentes del Ministerio del Interior (MININT). La niña es hija de una opositora política.

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Recordemos que en Cuba la enseñanza es general y obligatoria, y está regida por el Ministerio de Educación (MINED), por lo que la responsabilidad de hechos como estos también atañe a esa entidad, que viola su encargo social al supeditarse al MININT.  Este último logra ejercer control en las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria a través del Sistema de Atención a Menores, creando un área oscura dentro de sus dependencias para vulnerar a menores de edad por orden explícita de la policía política.  

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El MINED ha demostrado con creces su servilismo al régimen totalitario cubano, que se vale de mecanismos capaces de agredir la integridad emocional de niños y adolescentes, ya sea como una medida punitiva contra sus padres, o bien para doblegar su voluntad si muestran algún signo de "poca confiabilidad". En este último caso se encontró Reniel Rodríguez, quien además fue expuesto en televisión nacional como un trofeo.

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Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia el uso de las Escuelas de Formación Integral como mecanismo punitivo contra los hijos de las personas que disienten o adolescentes legítimamente inconformes con el funcionamiento del país.

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Este método somete a los jóvenes a un sistema semi penitenciario, aun cuando sus expedientes conductuales no lo ameriten. Como resultado, las víctimas conviven con muchachos que realmente tienen graves trastornos de conducta, quedando expuestos a todo tipo de comportamiento violento, a la par de someterse a la autoridad de personal que responde a las directrices de los órganos represivos. Adicionalmente, los niños y adolescentes castigados cargan con el estigma social negativo que acarrea la permanencia en estas instituciones, causando daños psicológicos perecederos al tratarse de personalidades en proceso de desarrollo.