Jorge Enrique Cruz Batista

En medio de las carencias materiales propias de la vida en Cuba y el ambiente político generado en torno a la Constitución que se llevaría a referendo en febrero de 2019, Jorge Enrique Cruz Batista tomó un espray rojo y pintó en varios lugares de la Universidad de Camagüey una decena de frases contrarias al gobierno como “Abajo Díaz-Canel”, “Abajo la dictadura”, entre otras. También tachó murales e imágenes de dirigentes.

 

Esto ocurrió en la noche del 13 de enero de 2019. Jorge Enrique Cruz Batista cursaba el tercer año de la carrera de Arquitectura y Urbanismo y se alojaba en la residencia estudiantil de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” (UC) por ser natural de otra provincia.

 

“Yo nunca pertenecí a grupos opositores ni nada parecido. Simplemente soy alguien que dice lo que piensa y que quiere que Cuba mejore. Escribí esos carteles porque me sentí harto de ver tantas necesidades y tantas mentiras”, contó Jorge Enrique a ADN Cuba meses después de ocurrido el hecho (Gallego, 2019).

 

Al día siguiente, cuando vieron los carteles, las autoridades universitarias y oficiales de la Seguridad del Estado reunieron a todos los estudiantes que se quedaron en la residencia estudiantil ese fin de semana. Tras los interrogatorios, uno de los alumnos que estaba siendo inculpado por los agentes de la policía política no soportó la presión y denunció a Cruz Batista como el autor de las pintadas.

 

El 8 de febrero de 2019, oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil entraron a la Universidad de Camagüey y con la anuencia de los directivos del centro detuvieron a Cruz Batista delante de sus compañeros y profesores. Fue llevado al cuartel general de la Seguridad del Estado, en Camagüey, donde lo retuvieron hasta el día siguiente, incomunicado y obligándolo a confesar la autoría del hecho, bajo amenazas de sanciones mayores y con la promesa de que no afectaría su permanencia en la universidad si se declaraba culpable. Cruz Batista refiere que en ese lugar fue sometido a tortura psicológica y también física, consistente en cambios de temperatura. Fue liberado con la condición de que debía acudir semanalmente los miércoles, durante un mes, a firmar en la sede de la Seguridad del Estado.

El 13 de febrero recibió vía SMS un aviso para que se presentara al día siguiente en la Universidad de Camagüey. Al asistir, le fue noticiada una medida cautelar consistente en “Suspensión temporal de todos sus derechos como estudiante universitario por un término de 30 días hábiles” por su presunta participación en “hechos que atentaron contra los bienes del Estado y que además constituyeron una manifestación explícita contraria a nuestro proceso revolucionario”. La medida fue firmada por Riselda Gómez Méndez, decana de la Facultad de Construcciones (ver Imagen 2). Nuevamente le insistieron en que no hiciera público el caso, con la promesa de que esto incidiría positivamente en el tipo de sanción que le sería aplicada.

“Ese día me aislaron como un antisocial en un cuarto de un edificio apartado del perímetro universitario para que temprano en la mañana fuera a mi casa hasta que estuviera la respuesta de la medida definitoria”, cuenta Cruz Batista.

 

El objetivo de esta medida cautelar era supuestamente “profundizar en el hecho conocido mediante una investigación”, sin embargo, al día siguiente ya se encontraba lista la Resolución rectoral 090/2019 (ver Imagen3), firmada por Santiago Lajes Choy, también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante la cual se decretó la expulsión de la educación superior, para Jorge Enrique Cruz Batista.

El 18 de febrero le fue notificada la medida. En la reunión participaron integrantes de la Comisión Disciplinaria creada por el rector, entre ellos el profesor Adrián Eduardo Cancino Gutiérrez, docente con largo historial en la represión a estudiantes y profesores en la Universidad de Camagüey; Doraine de la Caridad Linares Jiménez, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, en el centro además de diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Riselda Guzmán Méndez, decana de la Facultad de Construcciones. En la reunión, la dirigente estudiantil fue una de las que recriminó a Cruz Batista con mayor insistencia.

 

En el documento, se califica la actuación de Cruz Batista como “un hecho denigrante para el prestigio y la moral [d]el estudiante que actuó de manera irreverente y ofensiva contra los símbolos patrios e imágenes y mártires de nuestra historia y los valores sagrados de la Revolución”. El tachado de símbolos patrios es algo que Cruz Batista niega hasta la fecha y señala como una añadidura por parte de las autoridades universitarias para afectar su imagen.

 

El documento agrega que causó “una afectación económica al centro ascendente a 570 CUC y 4500 CUP, lo que pone de relieve su manifiesta actitud contraria a nuestro proceso revolucionario”.

 

Todo esto fue calificado como indisciplinas de carácter muy grave, atendiendo a los incisos a), b), g) y h) del artículo 5 de la Resolución Ministerial 240/07 “Reglamento Disciplinario para los estudiantes de la Educación Superior” (MES, 2007).

 

El documento recoge que tanto los compañeros de aula como el profesor principal de año académico reconocen que Rodríguez Cruz “ha mantenido una adecuada actitud ante el estudio” pero acota que “ha ido disminuyendo su rendimiento académico”.

 

Así mismo, le atribuye al estudiante “un actuar deshonesto de su parte ya que él mismo reconoció los hechos ante los órganos policiales participando en la reconstrucción de los mismos y durante la investigación de la comisión disciplinaria se retracta alegando haber sido coaccionado a declararse culpable”.

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