Socavamiento de la autonomía universitaria en la Reforma de la Enseñanza Superior (1962)

La expulsión durante décadas de profesores y alumnos de la educación superior en Cuba se ha sustentado en diversas normas legales. Como se observa en los siete informes anteriores emitidos por el Observatorio de Libertad Académica, esa diversidad de normas legales parte de una matriz común: "La Ley Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba", elaborada por el Consejo Superior de Universidades, la cual entró en vigor el 10 de enero de 1962. Por su trascendencia, se dedican las siguientes líneas a esa legislación.

 

Un análisis de los hechos revela que la omisión de la autonomía no fue resultado del conflicto surgido entre estudiantes y profesores por la expulsión de un alumno de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, sino que ese particular se utilizó como catalizador para crear el Consejo Superior de Universidades -con profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno- en función de  culminar el proceso de desmontaje de la institucionalidad y la sociedad civil existentes en Cuba.

 

En febrero de 1959, el Gobierno Revolucionario convertido en fuente de derecho, en lugar de cumplir el compromiso expresado por el líder de la Revolución en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, de restablecer la Constitución de 1940, esta fue sustituida -sin consulta popular- por la ley Fundamental del Estado Cubano, la cual confirió al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso. Acto seguido, se procedió a desarticular la red de asociaciones y los instrumentos legales que aseguraban la existencia de la sociedad civil cubana, incluyendo la autonomía universitaria.

 

Entre 1959 y 1961, las asociaciones políticas, económicas, profesionales y culturales existentes fueron eliminadas y sustituidas por otras creadas desde el Gobierno y, por tanto, carentes de la característica esencial que define una verdadera sociedad civil: la autonomía.

De las organizaciones políticas que participaron en la lucha insurreccional surgieron las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), convertida primero en el Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) y luego en el Partido Comunista de Cuba (PCC). El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y su conversión en Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

 

La diversidad de asociaciones femeninas se transformó en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). La Confederación de Trabajadores de Cuba fue intervenida y sustituida por la Central de Trabajadores Cuba-Revolucionaria (CTC-R). La Asociación de Hacendados, la de Cosecheros de Tabaco, la Asociación Nacional Campesina y otras, fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Las asociaciones de empleadores y las de profesionales corrieron la misma suerte. Mientras la prensa escrita, radial y televisiva, la red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales, quedaron limitadas a lo establecido por el jefe de la Revolución en el Congreso de Cultura de 1961, donde preguntó:

 

“¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios?" Y se respondió así mismo: "Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho... Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos”.

 

El desarme cívico para instaurar un modelo totalitario era inútil si no desaparecía la autonomía universitaria, la cual había desempeñado un papel vital en los acontecimientos políticos y sociales de la República, y constituía una fuerza permanente de cambio.

 

La elección del Comandante Rolando Cubela Secades, como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de La Habana, en octubre de 1959 frente a la candidatura del estudiante de ingeniería Pedro Luis Boitel, y la solicitud realizada en julio de 1960 al Gobierno Revolucionario por los Consejos Universitarios de Las Villas y Oriente, y la Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La Habana para establecer la coordinación entre los tres centros  universitarios, fueron pasos previos a la promulgación de la Ley 916, la cual en su penúltimo por cuanto, reza:

 

“la necesaria coordinación, planificación y racionalización de la Enseñanza Superior, de ningún modo ha de entenderse como posibilidad de lesión a la autonomía universitaria, sino, por el contrario, como la manera de facilitar la más activa participación del personal docente de las universidades en la dirección y orientación educacional del país”.

 

Es decir, la autonomía universitaria supuestamente sería fortalecida; declaración que ocultaba la verdadera intención y ponía en evidencia lo escabroso que resultaba su eliminación sin una previa edulcoración.

 

Entre los argumentos empleados para promulgar la Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba, en enero de 1962, se mencionan: “la honda crisis de la docencia superior cubana; la creación de universidades privadas destinadas a rivalizar con aquellos en que la rebeldía estudiantil continuaba viejas tradiciones de combate; la persistencia desde la época colonial de viejos males docentes; la existencia de un sistema de educación superior desvertebrado, tocado por la corrupción y, sobre todo, inservible a los altos fines de la renovación y el desarrollo económico y moral de nuestra patria; y que los intentos realizados para superar esa deficiencia... no tenían peso suficiente para producir un cambio de profundidad”.

 

Por tanto, “ante los graves problemas desarrollados en la Universidad de La Habana, a lo largo de 1959 y 1960, el Gobierno Revolucionario, en cumplimento de sus ineludibles obligaciones, dictó las medidas conducentes a resolver la situación planteada. Una Junta Superior de Gobierno, electa de profesores y estudiantes, se hizo cargo de modo provisional, de la dirección universitaria, y comenzó a laborarse, con firmeza y patriotismo, en la gran obra reformista”.

 

Con la Reforma, la Junta Superior de Gobierno, integrada por cuatro profesores y cuatro alumnos, pasó a ser el órgano de más alta jerarquía en el régimen de la Universidad. Presidida por el Rector, como autoridad ejecutiva superior, el poder  de la Junta quedó en manos de un representante designado por el Gobierno. A partir de ahí, la autonomía -una necesidad de la modernidad- desapareció de la escena universitaria, negando la historia que le había dado origen en la segunda década del siglo XX.

 

La reforma en la Universidad de Córdova, de marzo de 1918, se extendió por el continente y llegó a Cuba, donde ya estaban dadas las condiciones para su implementación. No por casualidad, en noviembre de 1921, Carlos de la Torre, al ocupar el cargo de Rector, planteó la necesidad de una reforma docente, moral y material del centro universitario y se propuso alcanzar la autonomía universitaria, la cual, según sus palabras, consistía en:

 

“autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos”.

 

Resultado del despertar de la conciencia cívica nacional, en diciembre de 1922, se fundó la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y, entre enero y octubre de 1923, tuvieron lugar: la Gran Asamblea Estudiantil; la presentación, por Fernando Ortiz a la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que concedía completa autonomía y personalidad jurídica a la Universidad; en el Claustro General reunido para discutir el proyecto de autonomía por vez primera se escuchó el criterio de los estudiantes en la voz de Julio Antonio Mella. El Directorio, profesores y representantes de Escuelas Públicas, en manifestación, marcharon hasta el Palacio Presidencial y entregaron al presidente Alfredo Zayas las bases del proyecto de ley para la concesión de la autonomía; movimiento que tuvo su punto culminante en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes en, celebrado en  octubre de ese año.

 

Dos años después, en 1925, el gobierno de Gerardo Machado dio un fuerte golpe a la autonomía universitaria. Con el decreto 2491 del 26 de diciembre, disolvió la Asamblea Universitaria, ilegalizó la FEU y retrotrajo a la Universidad de la Habana a su estado anterior. En octubre de 1930, el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), que se había constituido el mes anterior, lanzó un Manifiesto  Programa que planteaba hacer de la Universidad “la célula de la nueva acción civil...”. Para ello, exigían: la intervención de los estudiantes en el gobierno universitario, la rehabilitación plena de los expulsados en 1927 y la plena autonomía en lo académico, administrativo y económico. En septiembre de 1933, el Consejo y el Claustro universitarios aprobaron el anteproyecto de autonomía universitaria, que fue ratificado por el presidente Ramón Grau San Martín y publicado en la Gaceta Oficial de 9/11/33, con el cual entró en vigor la autonomía universitaria.

 

En febrero de 1934, el gobierno de Carlos Mendieta dictó la Ley Constitucional que dejó nuevamente sin efecto la autonomía universitaria. Y, el 9 de enero de 1937, el presidente Federico Laredo Bru dictó la Ley Docente, en virtud del cual la Universidad de La Habana se constituyó válidamente en corporación de interés público con amplia autonomía. Finalmente, la Constitución de 1940, en su artículo 53, refrendó: "La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse". Autonomía que se mantuvo vigente hasta el 10 de enero de 1962, cuando entró en vigor la Reforma Universitaria promulgada por el Gobierno Revolucionario.

 

Por lo antes expuesto, la omisión de la autonomía universitaria en la "Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba" constituyó no solo un retroceso en materia de libertades y participación, sino también en la eliminación de una de las principales fuentes de cambios sociales de la República. El escenario quedó listo para el control monopólico del Partido-Estado-Gobierno sobre la economía, la política, la cultura y las personas; una de cuyas peores manifestaciones ha sido la separación de los estudiantes y profesores que no comparten la ideología del sistema y la retrógrada y excluyente declaración de la "Universidad para los revolucionarios".

 

La mejor prueba de lo anterior la brindó el dirigente comunista, Carlos Rafael Rodríguez, quien resumió el alcance de la Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba, de 1962 en tres preguntas: ¿Qué, cómo y quiénes van a estudiar? El qué y el cómo respondían a la nueva situación creada con el arribo de los revolucionarios al poder. En el ¿quiénes?, radicaba la esencia del problema. La nueva Universidad, decía él, será regida conjuntamente por profesores y  alumnos, donde la participación estudiantil, surgida de las luchas desde los años 30, era casi un requisito, pero, aclaró:

 

“en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años, no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.

 

Con la Reforma de 1962 se introdujo la enseñanza del marxismo en todas las carreras universitarias y se subordinó a las autoridades, profesores, investigadores y estudiantes al proyecto ideológico revolucionario, con lo cual se comenzó a configurar una política de Estado contra la autonomía universitaria, la libertad académica, así como contra la libertad de pensamiento, expresión y opinión.

 

La injusticia cometida con los cientos de profesores y alumnos expulsados de sus cátedras y carreras, desde la promulgación de la Reforma de la Educación Superior hasta hoy, por expresar opiniones contrarias al régimen totalitario, se conserva sin alteraciones, lo que ha generado un grave daño antropológico, incalculable, que va de la añoranza de profesores e investigadores por no poder ejercer el magisterio, pasando por los estudiantes que no pudieron graduarse en sus respectivas especialidades, hasta los que el impacto en su sistema nervioso los inutilizó definitivamente