Breve introducción a la conformación de la norma jurídica de respaldo a la Reforma Universitaria de 1962

En informes anteriores del Observatorio de la Libertad Académica (OLA) se ha abordado el tema de la Reforma Universitaria que tuvo lugar en Cuba en 1962. Se toma muchas veces este momento como referencia para hacer notar el desarrollo de políticas que tendieron a establecer un control gubernamental cada vez mayor sobre la educación superior y, por consiguiente, a un deterioro acelerado y profundo de las libertades académicas, los derechos civiles y políticos y los derechos humanos en general dentro del país.

 

La Reforma Universitaria de 1962, sin embargo, no fue fruto de la improvisación ni de una planificación contingente. La política educacional que comenzó a implementarse en los primeros años del gobierno encabezado por Fidel Castro estuvo marcada por el creciente protagonismo que tuvieron en su diseño e implementación los comunistas que formaban parte del gobierno y que provenían de las filas del antiguo Partido Socialista Popular. Para interpretación más completa de este proceso y de las políticas implementadas en años posteriores es útil revisar algunos antecedentes históricos.

 

Es necesario recordar que, en 1959, tras la caída del gobierno de Fulgencio Batista, tomaron el poder, y formaron un gobierno provisional, un grupo de organizaciones políticas y revolucionarias entre las que se encontraba el Movimiento 26 de Julio (M-26-7) dirigido por Fidel Castro. A lo largo de los primeros meses de gobierno esta coalición de organizaciones se fue desintegrando por diversas causas, especialmente debido a la acción de Castro y su M-26-7, y su cercanía creciente con los comunistas. Para julio de 1961 sólo quedaban de la antigua coalición el M-26-7, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR-13 de marzo) y el Partido Socialista Popular (PSP), está última organización era continuadora del Partido Comunista de Cuba fundado en 1925. En julio de 1961 las tres organizaciones decidieron unificarse en las que serían conocidas como las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) que pasaría llamarse Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) en marzo de 1962 y Partido Comunista de Cuba (PCC) en octubre de 1965, y es el que ha regido los destinos del país desde entonces y hasta el presente.

 

Es importante este breve recuento histórico para entender varios puntos. En primer lugar, que la revolución que derrocó a Fulgencio Batista no era una revolución comunista y no había sido dirigida por una organización comunista ni enarbolado un programa Comunista. En segundo lugar, que los comunistas habían ido alcanzando un rol de creciente importancia en la dirección del gobierno, resaltado, sobre todo, por el hecho de que el país fue conducido hacia la implantación de un modelo económico, social y político socialista/ comunista y en alianza con la Unión Soviética. En tercer lugar, que un número notable de miembros de las organizaciones revolucionarias ajenas al PSP tuvieron que ser “convertidos” al comunismo, proceso que creo cismas en el interior de estas organizaciones pero que acabó imponiéndose. De modo que el proceso de implementación del modelo socialista/comunista no fue llevado a cabo siempre por operadores provenientes del PSP pero muchos antiguos miembros de ese partido ocuparon posiciones clave que permitieran influir en el proceso, aunque siempre bajo el control de Fidel Castro.

El caso de la Reforma Universitaria es notable en este sentido porque precisamente el rector de la Universidad de la Habana al que se reconoce como su máximo impulsor fue Juan Marinello Vidaurreta (1898-1977), antiguo dirigente del PSP y miembro de este partido comunista desde hacía casi tres décadas al momento de su nombramiento. Tomar en cuenta la participación de Marinello en el proceso de reforma, así como las ideas que manejaba desde antaño el PSP respecto a la educación, incluida la educación superior y el rol de la universidad en la vida del país, permiten entender la razón por la que se afirma que la Reforma Universitaria no fue fruto de la improvisación o la planificación contingente. Debe tenerse en cuenta, además, que la educación superior, siendo un tema de tanta importancia en cualquier sociedad moderna, en Cuba estaba revestido de una importante connotación política. La Universidad de La Habana, parte de sus estudiantes y algunos de sus profesores habían jugado un rol protagónico en la vida política del país durante varias décadas, especialmente durante los procesos revolucionarios acontecidos en la década del ’30 y luego en la del ’50 (el DR-13 de marzo procedía fundamentalmente del movimiento estudiantil de la Universidad de La Habana).

 

La autonomía universitaria había sido un tema de extraordinaria importancia en la política nacional desde la década del ’20 y se convirtió en uno de los logros significativos del proceso revolucionario de los años ’30. La autonomía universitaria también fue un tema de discusión durante la Asamblea Constituyente de 1940, donde hubo representación del Partido Unión Revolucionaria Comunista, nombre con el que se conocía entonces al que luego se denominaría PSP. Precisamente del contenido de esos debates pueden inferirse algunas de las ideas sobre la educación, la educación superior y la universidad que manejaban públicamente los comunistas cubanos.

 

La Constituyente de 1940 fue unos de los ejercicios de deliberación democrática más singulares e importantes de la historia de Cuba. Como síntesis del proceso revolucionario de la década del ’30 aglutinó una representación que abarcaba todo el espectro político de la República. Reunió, por ejemplo, a antiguos miembros del gabinete de Gerardo Machado (el presidente contra el cual se desencadenó aquella revolución), como Orestes Ferrara, su Ministro de Estado, con dirigentes de organizaciones revolucionarias, como Jorge Mañach. También los comunistas tuvieron su representación, y uno de sus miembros más activos fue, precisamente, Juan Marinello.

Por eso es útil traer a colación un ejemplo acerca de los postulados de Marinello y sus correligionarios respecto a la educación y cuál fue la respuesta de la asamblea. Esto permitiría dos cosas. La primera sería enriquecer la comprensión que se tiene sobre los antecedentes de la Reforma Universitaria y las nuevas políticas educativas posteriores a 1959 en general. La segunda, valorar la respuesta a estos postulados que dejó plasmada en la constitución una asamblea democrática y representativa de la nación.

 

Todo esto se aprecia claramente en un debate suscitado por la presentación de una enmienda del grupo comunista relativo a la educación. La enmienda en cuestión proponía una educación laica, unificada y regida por el estado. Proponía unificar y someter a la dirección del estado los planes, la orientación y el texto educativo. Finalmente, proponía la exclusión de la enseñanza religiosa de los planteles escolares, obligando a que se efectuara en planteles separados. La enmienda tenía como objetivo evidente atacar a la enseñanza privada, especialmente a la llevada a cabo por organizaciones de carácter religioso que eran relativamente numerosas en Cuba.

 

A lo largo del debate fue Juan Marinello quien encabezó la defensa de la enmienda mientras lo interpelaban por turnos otros delegados. El principal argumento en defensa de la enmienda estaba en el establecimiento de la llamada “escuela unificada” regida estrechamente por el estado con vistas a garantizar el resultado más igualitario y uniformador posible. Separar la enseñanza religiosa de los planteles docentes era también un objetivo prioritario de los comunistas.

 

La mayoría de la asamblea, por su parte, defendió de algún modo el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habría de darse a sus hijos. Principio que años más tarde quedaría fijado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Delegados como Jorge Mañach, Orestes Ferrara y Emilio Núñez Portuondo insistieron en este particular. Ferrara, no obstante, insistió en otro aspecto fundamental: el relacionado con el excesivo intervencionismo estatal derivado de esta y otras propuestas de la representación comunista. Para Ferrara, preceptuar el intervencionismo constante del estado en la educación, la familia, la economía y la vida privada en general, era como poner un cuchillo en manos de posibles “…gobernantes de mala fe, para que puedan matar toda la inteligencia cubana, todo el orden público y doméstico cubano, es decir, destruir esta nación que no pertenece, después de todo, a ninguna de las generaciones”.

Para Ferrara, de la lucha de las ideas era de dónde venía la verdad y de la libertad moral era de dónde venía la convicción, y esos eran principios que la enmienda atacaba directamente. “Cuando se determina una sola línea, cuando se fija un solo derrotero, entonces no hay espíritu crítico, no hay dialéctica, no hay concepción de lo nuevo, no hay investigación de la verdad”.

 

Reproducir estas palabras es pertinente no sólo por su carácter profético al prefigurar lo que ocurriría en el país años después con la colaboración de los mismos individuos que habían redactado la enmienda discutida, sino porque en cierta medida conservan su vigencia y están detrás del impulso reformador que alienta en cierto sector de la sociedad cubana contemporánea y que vemos plasmado en las víctimas de muchos de los casos de represión y violación de derechos presentados en cada informe del OLA.

 

En cuanto a la Constituyente, reconoció en el artículo 53 de la Constitución de 1940 la autonomía universitaria, autorizó en el artículo 54 la creación de nuevas universidades tanto públicas como privadas y en el artículo 55 autorizó la educación religiosa separada de la educación técnica, pero en los mismos planteles. De modo que protegió a la enseñanza privada, aunque con la supervisión metodológica del componente técnico de la misma por parte del estado.

 

Estos principios fueron conservados punto por punto en la Ley Constitucional que entre enero y febrero de 1959 elaboraron las fuerzas coaligadas en el gobierno provisional y que debía regir hasta que se celebrarán elecciones y se restableciera plenamente la Constitución de 1940. Los acontecimientos tomaron un rumbo muy distinto. El primero de mayo de 1960 Fidel Castro impulsó la consigna de “¿elecciones para qué?” rompiendo definitivamente el hilo constitucional cubano. El país estaría dirigido por un gobierno provisional controlado por el grupo político castrista hasta 1976, año en el que una comisión encabezada por Blas Roca (correligionario de Marinello y delegado a la Constituyente de 1940 por el partido comunista) redactaría una nueva constitución sometida a un referendo sin alternativas.

La comprensión de la norma jurídica, más allá de la interpretación que lleva a su aplicación, amerita indagar en sus fundamentos históricos. En futuros informes se continuará profundizando en estos elementos fundacionales de la política educacional posterior a 1959 con especial énfasis en la educación superior.