Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2022

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La Doctora en Ciencias Alina Bárbara López Hernández consiguió la nulidad contra las citaciones “oficiales” presentadas por la Seguridad del Estado.

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Luego de negarse a acudir a dos “entrevistas” con agentes de las fuerzas represivas, la catedrática acudió a la Fiscalía Provincial de Matanzas, provincia donde reside, e inició una acción para desestimar las citaciones que, más tarde, quedaron formalmente suspendidas.

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Según informó La Joven Cuba, medio del cual es coordinadora principal, “una fiscal le confirmó que ambas cédulas de citación carecen de las formalidades legales obligatorias, y que ningún ciudadano puede ser citado bajo la invocación de dicha Ley si no existe un proceso penal abierto en el cual esté siendo convocado como testigo o imputado en la acusación”, explicó.

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Por su parte, Hernández agradeció mediante sus redes personales todo el apoyo recibido por la comunidad intelectual cubana y celebró su caso como una victoria de la sociedad civil en Cuba.

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Además, dejó saber que, de acuerdo con la fiscal que consultara, “Tampoco Contrainteligencia es un actor reconocido por la Ley de Proceso Penal para interactuar con un ciudadano si ese proceso legal se abriera, sus funciones son otras. Asimismo, no existe en la Ley algo llamado ‘Entrevista’”, puntualizó.

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Sin embargo, la investigadora Hilda Landrove recomendó a la comunidad civil no confiarse en la efectividad del marco legal con este caso como precedente.

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“Dentro de la dictadura, básicamente, no hay ley. No hay una que tenga valor jurídico por sí misma. (…) Lo que hay en dictadura es, de antemano, la imposición de la voluntad de la élite criminal en el poder. Si las leyes no responden a sus intereses, no las cumplen, y, mientras tanto, se apuran a crear unas que sí respondan a sus intereses”, sentenció. 

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Además, Landrove reconoció la justicia hecha en el caso de Hernández como un espejismo que permite a la dictadura dar una fachada de legalidad, dado siempre a “personas privilegiadas”, mientras se agudiza la represión contra los pobres y desconocidos.

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“En las escasas situaciones en que la ley beneficia a alguien, es inevitable sospechar (y con razón) que lo que se ha impuesto es una podrida racionalidad política que crea eventos en los que de pronto pareciera que la ley funciona; eventos creados intencionalmente para transmitir la idea de que hay una posibilidad de justicia, o de manera indirecta permitiendo a los más privilegiados evadir las penas más duras: a los académicos, los blancos, las figuras públicas. De la dictadura no se puede esperar otra cosa. Condenará, torturará, golpeará a miles de personas pobres, negras, con poca educación, desconocidas, de provincia y usará a una o dos con privilegios para seguir construyendo sus fachadas”, acotó.

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A lo largo de 24 informes, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) ha documentado un total de 84 casos de represión a académicos, estudiantes e investigadores, los cuales han sido privados de todos sus derechos constituyéndose en víctimas del hostigamiento, persecución e incluso expulsión de los centros docentes del país con total impunidad.

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OLA se congratula de la victoria cívica de la académica Alina Bárbara López Hernández. A su vez, exige la misma justicia para todas personas que han sufrido la represión de la Seguridad del Estado.

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