Dos académicas violentadas y otra vez el “desacato”. Una ruta hacia la prevaricación en Cuba
Foto de portada. Collage de OLA: Imágenes tomadas de Facebook.
Fecha de lanzamiento: 29 de mayo de 2025
Autoridades cubanas llevarán a juicio en el Tribunal Municipal de Matanzas a la historiadora y politóloga Dra. Alina Bárbara López Hernández y a la antropóloga Jenny Victoria Pantoja Torres, en una escalada de la persecución política contra ambas intelectuales, dentro y fuera del ámbito académico. Esta semana trascendió que la Fiscalía acusa a López Hernández por la presunta comisión de los delitos de “atentado”, “desacato” y “desobediencia”; mientras que a Pantoja Torres la procesan bajo el cargo de “atentado”.
Las imputaciones se produjeron más de once meses después de que ambas intelectuales fueran violentadas y detenidas arbitrariamente por la policía el 18 de junio de 2024, tras ser objeto de persecución y hostigamiento por exigir pacíficamente cambios políticos en Cuba.
Según ellas denunciaron, la acusación se basa en un relato falseado por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, quien presentó a las acusadas como “delincuentes comunes”, lo cual es una táctica frecuente del Gobierno cubano para no reconocer, mediante criminalización, la existencia de la disidencia interna. Las acusaciones infundadas, basadas en un relato manipulado por la fiscalía, no son más que un intento de encubrir la naturaleza política de su detención y de tapar la brutalidad del aparato represivo, con patente de corso para el abuso.
En una transcripción del escrito de la Fiscalía de Matanzas al que tuvo acceso el Observatorio de Libertad Académica (OLA), se lee la solicitud para López Hernández de una sanción “por el delito de desacato es de seis meses de privación de libertad, por el de desobediencia: seis meses de privación de libertad y por el de atentado: tres años de privación de libertad; y como sanción conjunta: cuatro años de privación de libertad sustituida alternativamente por trabajo correccional sin internamiento (…) con las sanciones accesorias relacionadas con la privación de derechos y la prohibición de salida del territorio nacional”.
Respecto a la petición fiscal para Pantoja Torres, se indica que la sanción sería “de tres años de privación de libertad sustituida alternativamente por trabajo correccional sin internamiento (…) con las sanciones accesorias relacionadas con la privación de derechos y la prohibición de salida del territorio nacional”.
El abogado Eloy Viera Cañive, director de elTOQUE Jurídico, declaró a OLA que “es frecuente que el régimen cubano utilice una combinación de delitos —atentado, desacato y desobediencia— para castigar a disidentes y activistas políticas. A esa tríada se le suele añadir también el delito de resistencia. La reiterada aplicación de estas figuras penales revela una concepción profundamente distorsionada del poder por parte del Estado cubano: una visión en la que el ciudadano está obligado a obedecer de forma absoluta a la autoridad, sin importar si su actuación es justa, proporcional o legal”.
Explica el experto que: “el desacato penaliza expresiones verbales contra un funcionario; la desobediencia, el incumplimiento de sus órdenes; y el atentado, cualquier agresión física contra un agente de la autoridad”.
Adicionalmente, Viera Cañive acota que: “el problema radica en que estos delitos son invocados incluso cuando la intervención policial no responde a un hecho delictivo, sino a directrices de los cuerpos represivos del Estado. En esos contextos, el uso de la fuerza se dirige contra ciudadanos que se resisten a cumplir órdenes que consideran ilegítimas, y en lugar de sancionar a los agentes por abuso de poder o uso excesivo de la fuerza, se criminaliza a las víctimas por no someterse”.
Para este jurista y analista político, “el mensaje es claro: en Cuba, aunque un agente actúe fuera de la ley o recurra a la violencia sin justificación, el ciudadano no tiene derecho a protestar, resistirse o defenderse. Hacerlo se convierte, automáticamente, en un crimen”.
Las acusaciones parten de un incidente ocurrido el 18 de junio de 2025, cuando las profesoras cubanas fueron detenidas y golpeadas por agentes de la Seguridad del Estado. Luego de varias horas retenidas arbitrariamente en una estación policial, fueron liberadas.
Ambas habían sido interceptadas cuando viajaban a La Habana para manifestarse pacíficamente, como hace la historiadora Alina Bárbara López los días 18 de cada mes, para demandar elecciones democráticas, libertad para los presos políticos “sin exilio obligatorio”, el cese del hostigamiento a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y “que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza”.
Tras los hechos, más de 220 escritores y artistas suscribieron una carta abierta en la que denuncian la “violencia policial” con la que fueron tratadas López Hernández y Jenny Pantoja. “El uso de la fuerza, la criminalización del disenso y el encarcelamiento no resuelven nuestros verdaderos problemas. Todas las cubanas y cubanos tenemos derecho a proponer nuestras ideas para salir de esta crisis”, señalaron los firmantes, entre los que se encuentran el cantautor argentino Fito Páez y el director de cine Fernando Pérez.
Entre los firmantes de la declaración figuran tres premios nacionales de Cuba, uno de artes plásticas y dos de literatura. Imagen: Tomada de Infobae.
La académica Alina Bárbara López destacó en una declaración a OLA que, “si nosotros no intentamos ejercer nuestros derechos, simplemente no vamos a salir de este bucle, del 'subdesarrollo político'. Si no intentamos ser ciudadanos y dejar de ser súbditos: no vamos a llegar a ninguna parte”.
De acuerdo con la intelectual, defender sus derechos “es un acto de amor a la patria, porque amar a la patria es querer transformaciones urgentes, que nos devuelvan nuestra voz, nos hagan participar en el espacio pública, nos hagan ser escuchados, nos permitan interpelar, sustituir al que no puede -al inepto-, y que nos permitan tener una constitución real y no inviable como la que existe hoy”.
Sobre las imputaciones de la fiscalía, resaltó que “el Gobierno cubano siempre se basa en estos procesos en sus propias leyes. Lees el documento de la fiscalía y lo que hay, sí es 'legal', pero no es lo mismo lo legal que lo legítimo. Eran legales en Alemania los campos de concentración. Era legal la tenencia de esclavos en Cuba, pero no era justo, ni bueno, ni legítimo. No era decente, como no lo es nada que tenga que ver con las leyes de este gobierno, que las va cambiando y modificando en la medida que les acomoda, o si se abre algún resquicio por el cual la ciudadanía pudiera tener acceso al ejercicio de derechos”.
López Hernández cree que “hemos llegado a un punto en que hay que ejercer los derechos que la Constitución ofrece, pero para ello, hay que utilizar estrategias de desobediencia civil y de lucha no violenta. Es lo que hemos hecho nosotros. No hemos asaltado a un cuartel ni hemos puesto bombas, hacemos protestas pacíficas, un acto más bien simbólico. Pero al poder los símbolos que no sean suyos, no les gustan. Tenemos que obligarlos a cambiar, y si para eso debo entrar a prisión y dar un gran escándalo internacional: estoy dispuesta. Es indigno admitir esto”, expresó.
Por su parte, Pantoja Torres declaró a OLA que “las conclusiones de la fiscalía deben estar basadas en una investigación policial; sin embargo, todo lo que arroja es falso. Omiten las golpizas y tapan la brutalidad policial. En la narración de la fiscalía no se dice nada de la tirada hacia el piso que le dio la policía a Alina; el bofetón que me dio el policía para quitarme el teléfono tampoco se menciona ni ningún detalle relevante de la violencia hacia nosotras”.
La antropóloga señala que, en otros países, “hay un espacio dentro del sistema judicial para que los ciudadanos puedan demandar al Estado o sus funcionarios, pero en Cuba no hay separación de poderes ni imparcialidad en las investigaciones, no hay una real defensa: estamos totalmente vulnerables. Es un aparato diabólico de un sistema totalitario”.
La intelectual dijo a OLA que es “importante subrayar” lo siguiente sobre lo corrido con ella y López Hernández: “Nuestras declaraciones fueron tomadas por separado, sin embargo, son exactas. Nos montaron en patrullas separadas, es decir, no hubiéramos podido ponernos de acuerdo en nuestros testimonios. Luego en la estación policial, Alina fue para una oficina y yo a otra. Es una evidencia obvia de que lo que estamos diciendo no es mentira, porque sin tiempo ni manera de acordar nada -todo el tiempo estuvimos escoltadas por policías-, es evidente que estamos diciendo la verdad frente a toda esta manipulación”.
Además, Pantoja Torres afirmó que procesos fabricados como el suyo “es lo que hacen siempre con los casos que tienen ropaje político en Cuba, los de los disidentes, para luego pararse en escenarios internacionales y negar que en Cuba hay disidencia y presos políticos, lo que es una mentira”.
Y agrega: “la intención de todo ese proceso penal es anular su accionar. Hemos sido tratadas como delincuentes, antisociales, violentas: es falso. Es evidente la manipulación de nuestro proceso para inculparnos, degradarnos y colocarnos en una posición que no es la real”.
“Si fuéramos a la cárcel, vamos a ser tratadas con esa etiqueta que le ponen a los presos políticos, que no es un disidente para ellos, sino un 'contrarrevolucionario', y por lo tanto merecen todo tipo de castigos, violencia, humillación… tanto por parte de los presos comunes que se confabulan con el sistema para obtener beneficios, como de los propios directivos de las instituciones cancelarias”.
La persecución de estas intelectuales y activistas es un claro reflejo de la opresión sistemática del Estado cubano, que sigue utilizando el sistema judicial como una herramienta de control para acallar a la sociedad civil. La represión de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión y la protesta pacífica, es una práctica común, que demuestra el total desprecio de las autoridades por los ciudadanos cubanos.
Sobre el proceso abierto contra las intelectuales cubanas, la plataforma CubaxCuba (Laboratorio de Pensamiento Cívico), denunció que “el poder recurre una vez más a los tribunales para castigar el pensamiento crítico y disenso cívico. Con ello, rompe cualquier ficción de legalidad que pudiera quedarle. El caso fabricado por la Fiscalía cubana contra las ciudadanas e intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres es un acto claro de criminalización del disenso, que confirma —una vez más— la voluntad represiva del régimen cubano y su total desprecio por los derechos humanos”.
La junta directiva de CubaxCuba, iniciativa de la que es parte López Hernández, agrega en su comunicado: “Consideramos que la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Este caso, que intenta disfrazar de delito común una evidente acción de represión política, es un ejemplo más de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las que incurre el régimen cubano. Es también una alerta para quienes hablan de «avances democráticos», mientras la dictadura ha convertido la isla en una cárcel donde tiene presos a más de mil cubanos que han ejercido derechos constitucionales. El caso de Alina y Jenny es otra prueba”.
La historiadora y ensayista, Alina Bárbara López Hernández, exprofesora de la Universidad de Matanzas, y quien fue expulsada de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), como consecuencia de su activismo cívico y sus posturas críticas hacia el Gobierno cubano, realiza una protesta el día 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas.
Ha sido secundada por otros activistas que se manifiestan o intentan hacerlo, el mismo día, aunque en diferentes parques y plazas, como la antropóloga Jenny Pantoja Torres y el escritor y humorista Jorge Fernández Era, quienes también han sido víctimas del constante acoso de la policía política.
A finales de julio de 2024, OLA denunció que Pantoja Torres fue despedida de la Facultad “Miguel Enríquez” de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (UCM-H). Un acto de censura llevado a cabo por presiones de la Seguridad del Estado.
Se trata de una experimentada historiadora e investigadora cubana, con estudios de maestría en el área de las Ciencias Sociales y Filosóficas, especializados en el tema religioso.
Pantoja Torres ha tenido una extensa labor docente en las enseñanzas de nivel medio superior y superior, llegando a ser profesora adjunta de la Universidad de La Habana. También ha impartido postgrados y dictado conferencias como parte de su paso por instituciones como el Instituto Cubano de Antropología.
La criminalización de estas académicas, reconocidas por su trabajo intelectual y compromiso ciudadano, ambas con intachable conducta social, expone de manera contundente los vicios, y su naturalización, dentro del sistema judicial en la isla. Profesionales de la abogacía terminarán prevaricando al penalizar injustamente, desconociendo intencionalmente las irregularidades derivadas de la investigación previa.
Desde OLA, reiteramos nuestra condena de la presente estrategia de hostigamiento por causas políticas contra ambas académicas, a la par que reafirmamos la voluntad de acompañamiento y monitoreo de la situación. Es compromiso proyectar sus casos entre instituciones y organismos defensores de DD.HH. Entendemos que la divulgación de este lamentable suceso, tributa a la puesta en crisis de la falsa matriz positiva que prevalece en importantes sectores de la intelectualidad mundial acerca de la justicia social como concepto rector del modelo político cubano, paradigma insostenible frente a eventos críticos de vulneración de derechos como el que ahora nos ocupa.