La escuela en Cuba, otro espacio ganado por la violencia
Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 2025
Recientes reportes de hechos de violencia al interior de escuelas en Cuba, conocidos gracias a denuncias en redes sociales y comunicadores independientes, han alarmado a la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de hablar sin censura sobre la seguridad en los centros de enseñanza, así como de las causas sociales que propician estas situaciones.
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) conoció esta semana de la muerte de Adalvi Sosa, un trabajador de la Escuela Secundaria Básica “27 de noviembre”, ubicada en el poblado costero Puerto Esperanza, perteneciente al municipio Viñales, de la provincia Pinar del Río.
Sosa, identificado indistintamente en algunos reportes como maestro y como personal administrativo de la escuela, fue atacado presuntamente por un alumno de 14 años, que cursa el noveno grado.
Según lo descrito en diferentes publicaciones en redes sociales, tras recibir un llamado de atención por su comportamiento dentro del aula, el menor habría agredido a Sosa con un objeto punzante, causándole heridas en el pecho y la cabeza. Lamentablemente, la víctima no logró llegar con vida a un hospital.
En tanto, el estudiante fue detenido y se encontraría bajo custodia policial. Al momento de redactar esta nota no había sido emitido ningún reporte oficial o información en los medios estatales de la provincia.
Este trágico hecho es un reflejo de la crisis multidimensional que atraviesa Cuba, un fenómeno que no solo impacta la economía, la política y la sociedad, sino también la seguridad y el bienestar dentro de las instituciones educativas. La violencia escolar, tal como se describe en este suceso, es un indicador de cómo los problemas estructurales en el país —como la falta de recursos, la presión socioeconómica y la frustración generalizada— están llevando a situaciones extremas de violencia.
El hecho de que un estudiante de 14 años haya atacado a un empleado de la educación pública con un objeto punzante, debería abrir un debate público e institucional sobre la falta de control al interior de los centros educativos, la tensión emocional y el debilitamiento de los valores de respeto y convivencia. La escasez de recursos tanto en el sistema educativo como en otros sectores sociales ha creado un caldo de cultivo para el malestar generalizado, lo cual se refleja no solo en las aulas, sino también en las calles y hogares.
Puerto Esperanza es una localidad ubicada en la costa norte del municipio de Viñales. La escasez de recursos y la falta de infraestructura adecuada afectan la calidad de vida de muchos de los residentes y dificultan el acceso a servicios esenciales. Las comunidades de esta zona deben lidiar -como las de otras similares a lo largo de toda la isla- con las restricciones estatales impuestas a la pesca y el fracaso de proyectos de desarrollo local, mientras se agrava la pobreza.
La pobreza no solo se manifiesta en la falta de recursos materiales, sino también en la carencia de oportunidades sociales y educativas. En contextos de pobreza extrema, los individuos, especialmente los jóvenes, pueden sentirse atrapados en una rutina de desesperanza que los lleva a adoptar comportamientos violentos como una forma de expresión o de supervivencia. La violencia, entonces, no es solo un acto aislado, sino un síntoma de una estructura social disfuncional, según indican diversas investigaciones al respecto.
“La relación entre pobreza y violencia es compleja y multifacética, donde la pobreza por sí sola no explica la violencia, sino que se combina con la marginación y la falta de oportunidades para crear un entorno propicio para la violencia”, explica Carlos Ángel Cesar Moscoso Saavedra, en el estudio “Estado de la cuestión sobre la relación entre pobreza y violencia en América Latina en los últimos años”.
Crisis educativa y social en Cuba: violencia, robos y falta de seguridad en las escuelas
El pasado 16 de mayo, el periodista independiente y activista cubano, Emilio Almaguer de la Cruz, también denunció en redes sociales que el custodio Ramón Ramírez, trabajador de la Escuela Especial “Perucho Figueredo”, ubicada en el municipio de Baracoa, provincia Guantánamo, estaba “al borde de perder la vida”.
De acuerdo con la denuncia, Ramírez, “en cumplimiento de su trabajo, se enfrentó a un joven que había entrado en el comedor de la escuela para robar en altas horas de la noche”. El presunto agresor “conocía esta escuela a la perfección, porque era alumno allí, iba armado con un cuchillo y agredió al custodio quien lucha por su vida en el hospital”, detalló Almaguer.
El reportero y activista, señaló: “quiero llamar a la reflexión. El robo no se justifica, pero la no atención a los trabajadores tampoco. Una escuela que carece de cerca perimetral, totalmente abierta, no brinda seguridad a estos custodios”.
Además, añadió que “la falta de alimentos está motivando los hechos de robos. ¿Cómo es posible que en este mes no se haya recibido un grano de arroz normado del mes de mayo? ¿Por qué las luminarias de esta escuela no existen? ¿Por qué la dirección de educación no tiene fondos para garantizar mayor seguridad en esta escuela? ¿Por qué los custodios no tienen ni aunque sea una linterna, para poder ver entre tantos apagones? Muchas escuelas tienen falta de personal, no solo de profesores, sino de todo tipo de trabajadores”.
La reiteración de hechos similares y su resonancia en redes sociales y medios independientes, ha provocado que la prensa estatal -que habitualmente se encarga de ofrecer una imagen de “seguridad y bienestar” en el marco del “Estado socialista”- haya mencionado el problema.
En abril de 2025, el Periódico 26, de Las Tunas, admitió que en “los alrededores del área deportiva de la escuela Jesús Argüelles [de la Enseñanza Primaria] (...) [ocurrió] una golpiza propinada a un estudiante de octavo grado de la secundaria básica cercana a manos de varios muchachos de mayor edad”.
Según el medio provincial, “no es la primera vez que el lugar en cuestión se torna el espacio para lanzar golpes, arreglar riñas (...) y de paso, intoxicar el ambiente (...) de niños pequeños que se asustan, imitan y ahora hasta graban con sus celulares”.
Aunque el artículo del Periódico 26 deja toda la responsabilidad del asunto a las familias, sí expone una realidad alarmante en la ciudad capital de la provincia Las Tunas: jóvenes en edad escolar “van a jugarse la suerte armados con tubos, regletas, piedras, bates y una lista tan larga de utensilios pensados para hacer daño que cualquiera se puede asustar”.
Asimismo, se reconoce que “estamos viviendo momentos donde confluyen muchas crisis y, lamentablemente, una de las secuelas es que nuestro entorno se vuelve también más peligroso”.
A finales de abril también se reportó otro hecho violento en un centro educativo de la provincia de Santiago de Cuba. El comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada informó que varios jóvenes ingresaron con armas blancas al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo”, en actitud de confrontación violenta.
La Dirección Provincial de Educación de Santiago de Cuba, confirmó que en la noche del domingo 27 de abril, “individuos inescrupulosos penetraron en el IPVCE Antonio Maceo”. Como resultado del incidente, “mientras evadía a los intrusos” un estudiante sufrió “lesiones graves”.
De acuerdo con la versión oficial, el alumno resultó herido “tras saltar del segundo al primer nivel de la edificación”, por lo que fue trasladado al Hospital Infantil Sur Dr. “Antonio María Béguez César”, donde fue reportado como paciente “crítico”.
En el artículo académico “El rostro de la violencia social y estructural: la delincuencia y la pobreza como expresiones distintas de una vulnerabilidad común”, se explica que “las sociedades que enfrentan niveles altos de pobreza estructural y desigualdad son más propensas a experimentar violencia social. Los jóvenes en estos contextos no solo carecen de recursos, sino que también se ven despojados de su capacidad para imaginar un futuro diferente. La desesperanza puede conducir a la violencia como una forma de rebelión contra un sistema que perciben como injusto y opresivo”.
Es fundamental que se logre una reflexión a nivel internacional sobre la crisis cubana, no solo desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos, sino también desde la de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, cada vez en mayor riesgo. El aumento de la violencia en contextos como el educativo es un indicador claro de que el país está atravesando una crisis sistémica que requiere atención urgente y una solución integral, a pesar del tono triunfalista predominante en los medios estatales y las instituciones gubernamentales.