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El costo de las misiones médicas cubanas. Política, dinero y academia

Fecha de lanzamiento: 23 de febrero de 2024

El pasado 16 de febrero, madiante un comunicado difundido vía Telegram, el grupo terrorista Al-Shaabab notificó el fallecimiento del Dr. Assel Herrera Correa y Dr. Landy Rodríguez Hernández, médicos cubanos secuestrados el 12 de abril de 2019, en la comunidad de Mandera, Kenia.

Ambos galenos habían arribado al país africano como parte del intercambio firmado entre Kenia y Cuba en 2018. El 30 de mayo de ese mismo año, medio centenar de profesionales cubanos llegaron discretamente a la capital keniata en medio de las protestas del gremio.

“La Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU, por sus siglas en inglés), que agrupa a los empleados públicos de esos sectores, dejó clara su inconformidad con la medida. "Kenia ha capacitado a médicos que están ahora sin empleo y siguen esperando su despliegue desde mayo de 2017", tuiteó la organización una vez que se hizo el anuncio oficial sobre la contratación de sanitarios cubanos”, destacó el medio independiente 14ymedio.

Los detalles del acuerdo provocaron la indignación de los más de 1200 médicos desempleados en el país, quienes esperaban que de un momento a otro Uhuru Kenyatta, presidente de esa nación, cumpliera la promesa de aumentar sus salarios.

Sin embargo, este decidió apresurar la firma del convenio con Cuba, que costaría unos 12 millones de dólares anuales por cada centenar de médicos cubanos operando en el país africano.

Aunque las autoridades de ambos gobiernos intentaron manejar con reserva los detalles del convenio, una filtración de la documentación concerniente al tema dejó saber al diario Nation que además de la abultada cifra en concepto de salario, Kenia pagaría gastos de alojamiento, traslado, seguros médicos y, por supuesto, el seguro que exime a los profesionales de la responsabilidad civil en caso de fallecimientos.

De acuerdo con el diario, el acuerdo “compromete a los kenianos a pagar aproximadamente 1 millón de chelines cada mes por cada uno de los médicos cubanos. Esto equivale al salario de cinco médicos kenianos”.

Además, se especifica que se pagaron mil USD en concepto de estipendio por cada uno de los profesionales, unido a otros 4 mil que se depositaron mensualmente en el Banco Financiero Internacional de La Habana, en euros y al cambio vigente al momento del pago.

Las exorbitantes cifras a pagar despertaron la inconformidad de los ciudadanos, dado que con ella se podría solventar una verdadera mejora en el sistema sanitario. Los médicos cubanos no solucionarían ni de lejos la situación de la sanidad en el país: un médico por cada 10 mil habitantes en 2017 según la Organización Mundial de la Salud.

Esta problemática se agravó con la renuncia de cerca de cinco mil especialistas kenianos luego de que el Gobierno incumpliera su promesa de actualizar los salarios para el personal de la salud. La subida debió ser de entre 150 y 200 por ciento y estuvo condicionada a una capacitación.

Aunque inicialmente la huelga de médicos kenianos logró que estos obtuvieran más de 700 dólares con carácter retroactivo a 2017, la llegada de los cubanos propició que los dirigentes políticos detuvieran las negociaciones con su personal y no desplegara a los profesionales capacitados. En la práctica actuaron como rompe huelgas y pasaron a ser parte de un tema de política interna de ese país.

“Nuestro consejo es, y siempre ha sido, que Kenya mejore sus infraestructuras y las condiciones de trabajo. Solo entonces serán capaces de atraer y retener a suficientes especialistas a nivel local”, dijo el máximo líder de la KMPDU.

En medio de este ambiente de tensión, al que se suman los conflictos político-religiosos preexistentes, Cuba envió a sus profesionales. Tal descontento en el país subsahariano explica por qué, al momento de su secuestro, Assel y Landy viajaban con escolta y un vehículo blindado hacia lo que sería “una jornada laboral ordinaria”.

El auto fue atacado por el grupo terrorista Al-Shaabab, que exigió la suma de 1 millón y medio de dólares en concepto de rescate. Desde el primer momento, Cuba se negó a pagar esta cantidad - que representa apenas un 12,5 % de las ganancias anuales del país caribeño luego de firmado el acuerdo.

Adicionalmente, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que los traerían de vuelta sanos y salvos. “Se han establecido de inmediato canales de comunicación con las autoridades de Kenia para atender esta situación, a la vez que se mantiene informados a los familiares de los colaboradores aquí en Cuba», explicó el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en un escueto comunicado.

No obstante, esta afirmación sería, como mínimo, de una superficialidad apabullante conociendo el historial de Al-Shaabab. Este grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda ha operado con éxito durante más de una década en Somalia y su frontera con Kenia, reivindicando hechos sangrientos de gran escala como el atentado de Westgate, donde fallecieron 67 personas.

La región a donde fueron destinados los dos galenos cubanos es notoria por las incursiones de Al-Shaabab, que en noviembre de 2018 se llevó a la cooperante italiana de 23 años Silvia Costanza Romano, quien permaneció secuestrada por 18 meses.

Como parte de su estrategia para transmitir “confianza y seguridad” al pueblo, el Gobierno cubano aminoró el alcance del grupo terrorista, el cual se nutre en buena medida de personas corrientes asoladas por la pobreza. De hecho, se demostró que el conductor del auto en que Landy y Assel viajaban estuvo involucrado en el secuestro.

Algo que llama la atención es que, como parte del convenio, Kenia se responsabilizaba por la integridad física de los médicos cubanos desplegados en su territorio. En el momento del secuestro y hasta el presente, Cuba no ha activado esta cláusula del contrato, agotando la vía diplomática y evitando cualquier desacuerdo con su contraparte keniana.

Pese a que se adoptaron mejoras en seguridad y se retiró a todo el personal desplegado en zonas fronterizas, el Gobierno cubano no solo esquivó la confrontación legal tácita, sino que envió otros 20 profesionales en julio de 2020 para enfrentar la Covid-19. Estos contaron con idénticas condiciones salariales a los que ya trabajaban en el país.

Mientras tanto, autoridades cubanas realizaron escuetas visitas a los familiares de los médicos secuestrados. En todas ellas les daban aliento y esperanza, prometiendo su pronto regreso, aunque los esfuerzos reales distaron mucho de agotar todas las posibilidades.

En noviembre de 2023, los legisladores de Kenia, unidos a gobernadores y miembros del Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia exigieron el fin del acuerdo. El Comité de Salud de la Asamblea Nacional rescindió el contrato alegando que “era hora de que los médicos cubanos abandonen el país”. 

Como parte del análisis del comité, se denunció la precariedad de la situación para los 50 médicos kenianos enviados a Cuba a recibir capacitación, dejando al descubierto la no correspondencia en cuanto a pago y calidad del servicio prestado.

Al final del convenio, forzado por las instituciones kenianas a casi seis años de firmado, Cuba había percibido más de 60 millones de dólares, de los cuales solo un por ciento mínimo fue a parar a manos de los médicos cubanos y sus familiares.

En diciembre de 2023, el Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) publicó el informe Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria, en el cual demostró el robo de casi 70 mil millones de dólares obtenidos en concepto de “exportación de servicios sanitarios”, y desviados del Ministerio de Salud Pública a través del Banco Financiero Internacional.

Recordemos que esta entidad financiera recibía mensualmente 400 mil euros solo por los servicios prestados por los primeros 100 médicos desplegados en Kenia. Presumiblemente, este esquema es el seguido por los 27 países donde Cuba ha desplegado sus misiones médicas por sumas millonarias.

Como parte de su investigación, “OCAC exige que GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022”.

En la pretensión de desviar la atención pública respecto a sus responsabilidades, el Gobierno cubano se ha aferrado a la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, las explícitas fotos del presunto cadáver de Assel, difundida por el grupo terrorista Al-Shaabab; así como el reconocimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos del bombardeo en la zona y las fechas señaladas, dejan poco espacio a las dudas.

Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia la mala praxis del Gobierno cubano ante el secuestro de Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. Teniendo las herramientas legales de su lado, Cuba las escamoteó a fin de no perder su jugoso acuerdo con el país subsahariano. Luego de casi cinco años, el Gobierno cubano no rindió cuentas a los familiares ni a su pueblo sobre cuáles eran los pasos concretos que estaba emprendiendo o si hubo algún avance en la investigación para localizar su paradero.

Con la pérdida de Landy y Assel se alcanza un pico en el conjunto de evidencias acerca de lo controversial de las llamadas misiones médicas cubanas, ya que el componente humanitario constituye el pretexto para expandir un jugoso negocio a partir de la explotación de los galenos. Estos devienen en meros recursos humanos que deben atraer ganancias cuantiosas aun al costo de sus vidas, supuestamente sacrificadas por un bien supremo, aunque en la práctica se cuantifiquen en dólares o euros.

Este Observatorio denuncia al Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba como entidad propiciatoria de la pérdida de la vida de ambos especialistas. Pero también del incumplimiento de su cometido social al lucrar menguando al sistema sanitario propio en beneficio de entidades extranjeras. Esta estrategia comercial del régimen cubano va en detrimento de la maltrecha cobertura de salud en el país, así como incide directamente en la disponibilidad del cuerpo docente implicado en la formación de los futuros sanitarios.

Vale destacar que este esquema de explotación profesional propicia que se recienta la calidad en el área formativa, que se supedita a la masividad necesaria de profesionales para ser exportados y sostener el negocio. De resultas, pocas son las expectativas de los estudiantes de ciencias médicas ante la devaluación cualitativa de la otrora prestigiosa escuela cubana de medicina. Los ahora directivos del MINSAP cargarán con la responsabilidad histórica de las muertes de los doctores Landy y Assel. Quienes los hacen firmar la documentación que envía a sus colegas a la muerte son los autores intelectuales del crimen, pero difícilmente tendrán que responder ante la ley, a diferencia de los funcionarios que ejecutan el mecanismo macabro que cobra la vida de nuestros profesionales y diezma al sistema nacional de salud pública en todas sus acepciones.

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