Fecha de lanzamiento: 2 de junio de 2023

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La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció hoy en su perfil de Facebook lo que considera “otra arbitrariedad inadmisible”, y es que la historiadora matancera fue “regulada por razones de interés público”.

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“La única vez que he salido de Cuba fue en 2017. A un evento organizado anualmente por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, organización académica, no política, con sede en Estados Unidos. Este año, nuevamente, recibí la invitación”, comenzó diciendo.

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Sin embargo, al acudir a la oficina de Inmigración y Extranjería de la ciudad de Matanzas para hacer la renovación de su pasaporte, la profesora y ensayista descubrió que sobre ella pesaba la tan temida “regulación”, que es un mecanismo frecuentemente empleado por el régimen cubano para violar la libertad de movimiento a los ciudadanos críticos respecto al estado de cosas que prevalece en el país. La aplicación de tal medida punitiva recuerda los tiempos en que era imprescindible un permiso para viajar al extranjero, práctica heredada de la estructura coercitiva del otrora campo socialista.

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Desde hace algunos años esta política segregadora se ha reactivado por parte de los órganos de la Seguridad del Estado para intentar frenar las voces de intelectuales con posible influencia en los espacios académicos internacionales.

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La Dra. Alina posee una trayectoria destacada como investigadora en el área de las ciencias sociales y ha incidido en la formación de varias generaciones de historiadores, a la par de publicar en medios científicos de impacto. Esto representa un peligro potencial para la estrategia de simulación progresista del Estado cubano. En estos casos la interpretación a conveniencia de la legislación vigente suele ser el recurso utilizado por los decisores.

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La académica también refiere: “Ignoro qué quiere decir esa frase, pero no admitiré una arbitrariedad que contradice a la propia Constitución de la República, que en su artículo 52 establece la libertad de movimiento para los ciudadanos, y aunque aclara que pueden existir excepciones no me considero descrita en ninguna de ellas. Como dijo Antonio Maceo, los derechos no se mendigan, se conquistan”, enfatizó.

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Además, dejó saber que esperará durante una semana el contacto de la instancia que decidió regularla, y solo estará conforme si se revierte la medida. “No voy a tocar puerta alguna, a presentar queja ni a intentar negociar con nadie. Concluido este plazo empezaré a ejercer mi derecho a manifestación pacífica, esta vez portando un cartel que indicará los motivos de mi acción”, advierte.

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La Dra. Alina dijo estar dispuesta a asumir las consecuencias que estas acciones implican, incluso la prisión. “Veremos si los que deciden estas violaciones están dispuestos a asumir el riesgo de privarme de libertad”. Asimismo, instó a colegas, medios de prensa extranjera e independientes, al Observatorio de Libertad Académica y demás organizaciones internacionales, a mantenerse al tanto de su situación.

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De acuerdo a la ley cubana, la regulación puede establecerse contra ciudadanos por: tener pendiente la purga de una sanción o estar en medio de un proceso penal, durante la duración del Servicio Militar Obligatorio, por razones de Defensa y Seguridad Nacional, ser parte de una fuerza laboral sensible para el país o por “razones de interés público”. Este último apartado, al ser tan ambiguo, da el margen a la iniquidad, al abuso de poder.

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En marzo pasado, el régimen volvió a hacer uso de esta arbitrariedad privando de su derecho a la libre movilidad a un grupo de activistas cubanas, en represalia por haber ocupado el espacio público para denunciar la ola de feminicidios en la Isla.

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“El pasado mes de enero un grupo de activistas de la Red Femenina de Cuba intentaron presentar a la Asamblea un permiso formal para poder marchar públicamente este 8 de marzo. Esta solicitud fue denegada”, escribió en su cuenta de Twitter la Red Femenina de Cuba.

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Las suscriptoras de la petición, fueron interrogadas por la Seguridad del Estado y prohibidas de salir del país, también por motivo de “interés público”. Esta maniobra paralegal también afecta a académicos y ciudadanos incómodos al régimen, los cuales constatan la llamada “prohibición de entrada” al intentar regresar a Cuba.

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denuncia esta nueva violación a los derechos humanos, en tanto la medida contraviene el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el apartado 12 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Cuba.

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Asimismo, OLA manifiesta su apoyo a la Dra. Alina Bárbara López Hernández y su voluntad de visibilizar este atropello a sus derechos a la libertad de expresión y pensamiento, así como la violación de la libertad académica que implica sabotear su asistencia a un evento afín a su perfil profesional.

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Nuestro equipo se mantendrá al tanto de la evolución de los acontecimientos y dará parte a las instancias internacionales correspondientes.

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El Observatorio de Libertad Académica respalda totalmente cualquier decisión que la profesora tome al respecto de la actual injusticia.

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