Marthadela Tamayo González

El 13 de octubre de 2014, Marthadela Tamayo González fue expulsada de su trabajo en la Escuela Secundaria Básica Urbana “Rubén Martínez Villena” (ESBU) por ser vista conversando con dos activistas por los derechos humanos y negarse a romper relación con ellos.

En 2006 Marthadela se graduó de la Licenciatura en Educación, especialidad Lengua Extranjera Inglés, en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de Holguín. Fue ubicada como profesora en un preuniversitario y luego de dar a luz a su hijo en 2008, se trasladó a la ESBU “Rubén Martínez Villena”, en el municipio Antilla de la provincia Holguín. Allí, tras un corto período como profesora, fue ubicada al frente de la secretaría docente.

En mayo de 2014, la profesora fue vista por directivos del centro intercambiando afuera de la escuela con dos activistas de derechos humanos que le llevaron unos alimentos para entregarle a su esposo, que en ese momento se encontraba cumpliendo sentencia de privación de libertad.

“Recuerdo que la conserje me dijo: ‘Martha te están llamando allí afuera dos señores’. Yo me paré de mi puesto y fui hasta el kiosko donde los muchachos meriendan. Recogí la libra de frijoles que me llevaron. Me preguntaron por el padre de mi hijo. Nos despedimos y quedamos en vernos luego. En ningún momento entraron a la escuela”, contó la profesora al Observatorio de Libertad Académica.

La jefa de grado, Liudmila Lafita, vio el encuentro y avisó a la Seguridad del Estado que, a través de la directora del sectorial municipal de Educación en Antilla, Mayte Zarzabal de la Cruz, orientó que se realizara un análisis disciplinario a la profesora.

En el consejo de dirección organizado para recriminar a la maestra participaron Máximo Hernández Leyva, director de la secundaria básica, René Kindelán, jefe del área de Ciencias y Liudmila Lafita. Los directivos insistieron en catalogar como inapropiado que tuviera relaciones con personas opuestas abiertamente al sistema político cubano. No les importaba que se tratara de un encuentro esporádico y en las afueras de la instalación. Querían que la maestra rompiera cualquier vínculo con estos defensores de derechos humanos, a lo cual ella se negó.

En el mes de junio, repitieron el análisis disciplinario. Los funcionarios reiteraron los mismos señalamientos. La profesora defendió que no había cometido ninguna violación y que no renegaría de sus relaciones personales por cuestiones ideológicas.

Ante el mal ambiente laboral que se generó en su contra por este incidente, Marthadela solicitó un certificado médico, con la esperanza de que esta situación se mitigara al inicio del nuevo curso escolar. Sin embargo, al llegar a la escuela en septiembre, conoció que habían designado a otra persona en su cargo de secretaria docente. De esta forma, se consumaba de facto, la expulsión de su puesto de trabajo.

En octubre de 2014, en el Sectorial Municipal de Educación, le fue entregada a su madre la Resolución que oficializó “la separación definitiva de la entidad previsto en el inciso #3 del artículo 23 de la Resolución Ministerial 165/2006 Reglamento Ramal de la disciplina laboral en la actividad educacional”.

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El documento, fechado el 13 de octubre y firmado por el director de la secundaria básica, hace alusión en varias ocasiones a la conversación de la profesora con los activistas de derechos humanos, a quienes califica de “elementos catalogados como contrarrevolucionarios”, así como a su negativa reiterada a romper relaciones con estos. También se afirma que “no se concibe un docente que está llamado a formar valores en la escuela y defender los principios de la Revolución desde las aulas, preparando a las nuevas generaciones para el futuro que mantenga vínculos con este tipo de personas”.

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