José Carlos Santos Belaunzaran

José Carlos Santos Belaunzaran, de 23 años, cursaba el cuarto año de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas Manuel “Piti” Fajardo, de la provincia de Artemisa. Pero su futuro profesional fue entorpecido por el Estado cubano debido a una discusión de poca trascendencia en redes sociales. El 11 de septiembre de 2020, Yosbany Iglesias, director de una empresa en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, publicó un post en Facebook con una foto del presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel cargando un niño. La acompañó con un texto en el que retaba a “todos esos gusanos de afuera como adentro” a publicar una foto similar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El estudiante de medicina José Carlos Santos le comentó en esa publicación que estaba en desacuerdo con que llamara de esa forma a otros cubanos. Esto dio pie a un intercambio por razones políticas que fue subiendo de tono. Santos narró al medio independiente CiberCuba que Iglesias lo acusó de  contrarrevolucionario y le dijo que un médico no podía tener esos pensamientos. Él le respondió que ser un buen médico no tenía que ver con su orientación política y el directivo lo acusó de morderle la mano a la Revolución que le había dado esa carrera de forma gratuita y que no merecía llevar la bata blanca. Iglesias lo amenazó con ir a su escuela a llevar esos comentarios y así lo hizo.

 

“A la semana de ese incidente, la subdirectora de la Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa llamó por teléfono a Santos y le dijo que necesitaba hablar con él porque había un problema con sus notas y necesitaban arreglarlo; que no se preocupara, que no era nada serio y no iban a tardar mucho. Él llegó a su hora (8:00 am) y tuvo que esperar hasta pasadas las nueve y media de la mañana, cuando le hicieron entrar a una sala donde un grupo de profesores le hablaron sobre temas de la escuela. Al terminar, la subdirectora le dijo que no podía marcharse porque había dos personas que querían hablar con él” (Costa, 2020).

 

El claustro de dirección de la escuela y los profesores que se encontraban en la reunión se retiraron y entraron al local dos agentes de la Seguridad del Estado. Según narra el joven, uno tenía grados de Primer Teniente y es el que atiende el municipio donde él vive y el otro es el miembro de la policía política a cargo del sector de la salud, también en su municipio San Cristóbal. Empezaron preguntándole si tenía familia en el extranjero y luego le mostraron, en una computadora, los comentarios que había hecho en el post del directivo con el que había intercambiado una semana atrás. Le preguntaron por qué había hecho eso y le dijeron que un estudiante de medicina no podía tener esas opiniones contra la Revolución. Él le respondió que esa era su ideología y que estudiaba medicina porque le gusta la profesión, ayudar a las personas y que eso no tenía nada que ver con sus posiciones políticas.

José Carlos les increpó el por qué le hacían esos cuestionamientos si en Cuba supuestamente hay libertad de expresión, a lo cual los agentes le contestaron que había libertad “pero solo para algunos” y lo acusaron de faltarles al respeto. También le preguntaron si alguien del extranjero le pagaba para que  publicara esos comentarios, a lo cual respondió que no. Los agentes le señalaron que él se veía muy tranquilo y que seguirían investigando, pues no le creían.

 

Cuando los agentes se retiraron, volvieron a entrar los profesores para analizar al estudiante, a partir de lo que le habían informado y orientado los miembros de la policía política. Narra Santos que algunos profesores estuvieron de su parte y quisieron ayudarlo, pero se impuso la decisión de los que más poder tenían. A pesar de que sus notas y los criterios de los profesores eran buenos, le señalaron que había violado el artículo 47 del Reglamento Especial de los Estudiantes del Destacamento “Carlos J. Finlay”, que es la norma jurídica que aplica a los estudiantes de las carreras de ciencias médicas.

 

El primer inciso de dicho artículo considera como una falta muy grave: “Mantener una actitud contraria a los principios de nuestra revolución socialista. Hacer manifestaciones notorias que evidencien menosprecio a la ideología revolucionaria o el rechazo al cumplimiento de los deberes ciudadanos de trabajar y defender a la patria con las armas si fuera necesario”. Entre las sanciones concebidas para estas conductas están (Art. 73) la expulsión o separación indefinida de la educación superior y la separación indefinida de las carreras de ciencias médicas. Esta última fue la medida que le aplicaron, lo cual significa que no podrá volver a estudiar medicina en Cuba, ya que en el país no existen universidades que no sean estatales.

 

La persona que estaba presidiendo el análisis le dijo que: “Ellos no podían permitir ni darse el lujo de graduar a un médico que pensara diferente a la Revolución. Que, aunque perdieran a un profesional de calidad, no podían graduar a alguien que pensara de manera contraria” a la ideología oficial. Todo esto ocurrió en medio de la crisis del Coronavirus que atravesaba el país, cuando los estudiantes de Medicina constituían una de las principales fuerzas del Estado para la realización de pesquisas en las comunidades. La contingencia de la pandemia no fue un atenuante para la implementación de la medida punitiva.

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