Joanna Columbié Grave de Peralta

Joanna Columbié Grave de Peralta se graduó de Licenciatura en Enfermería en 1999, pero su interés por la docencia hizo que, en 2004, se titulara como profesora de Informática en el Instituto Superior Pedagógico “Frank País García” de Santiago de Cuba. Comenzó a trabajar en el Instituto Politécnico de Informática, del municipio Carlos Manuel de Céspedes, provincia Camagüey, donde ocupó los cargos de jefa de departamento y subdirectora docente.

 

En 2007, realizó una Maestría en Ciencias de la Educación y, en 2013, se graduó con título de oro de la Licenciatura en Educación, especialidad de Historia, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí” de Camagüey, resultando la mejor graduada de su curso.

 

A la par de su trabajo docente, Columbié ejercía como pastora a tiempo parcial, ya que creció en una familia cristiana, por lo cual fue víctima de discriminación por motivos religiosos en su natal Santiago de Cuba.

 

Durante toda mi etapa escolar fui objeto de repetidos actos de repudio en las escuelas donde estudiaba, al ser expuesta públicamente delante de los estudiantes y ser caracterizada por profesores y directivos como alguien que ‘no respondía a los intereses de la revolución’ por mi asistencia a la iglesia. Ante estos repetidos actos, recibí siempre la enseñanza de mis padres de no negar mi fe ni ir nunca en contra de mis principios y ser siempre ejemplo académico y de valores ante todos”, apunta la profesora Columbié.

 

En 2007, comenzó a trabajar como docente contratada a tiempo parcial en la Sede Pedagógica Municipal de Céspedes. Estos centros de enseñanza formaron parte del Programa de Universalización de la Educación Superior inaugurado en 2003 por iniciativa de Fidel Castro y tenían como objetivo la creación de centros universitarios en los municipios del país. En un inicio, la sede pedagógica del municipio Céspedes estaba subordinada a la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí” hasta que, en 2014, esta última se fusiona a la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” y pasa a subordinarse a este centro de estudios.

 

En el curso 2009-2010, fungió como como subdirectora de posgrado de la sede pedagógica municipal, estando al frente de los procesos de superación.

A partir del siguiente curso y hasta octubre de 2015, trabajó como metodóloga, jefa de departamento de Estadísticas e Información en la Dirección Municipal de Educación, en Céspedes, Camagüey, a la par que continuó ejerciendo como profesora a tiempo parcial de la Sede Pedagógica del municipio, impartiendo asignaturas como Historia en el pregrado y Temas actuales de la política en el postgrado, entre otras. También tutoró varias decenas de tesis de licenciatura y maestría.

 

Columbié estimulaba en los estudiantes debates críticos sobre la realidad del país, lo cual llevó a que fuera mirada con recelo. Su posición contraria al sistema era conocida tanto en el centro universitario, como en la escuela donde trabajaba, la cual dejaba clara en intercambios extra-docentes con directivos, estudiantes y colegas. Por esta razón, en el Politécnico Rafael Guerra Vives, la secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba en esa escuela del nivel medio, le comunicó que no podía impartir la asignatura Cultura Política, aunque esta era parte de su perfil profesional.

 

En el año 2015, la profesora Columbié comenzó a usar las redes sociales de manera permanente para realizar denuncias relacionadas con la realidad del país y entablar públicamente relaciones con miembros de la sociedad civil cubana no reconocida por el gobierno. Como consecuencia de esto, a partir del 24 de julio de 2015, le fueron suspendidos los accesos a correo y navegación internacional. Rogelio Luna, Vicedirector General de la Dirección Municipal de Educación, le informó verbalmente que esta decisión era debido a sus publicaciones en redes.

 

Por esas fechas, durante las vacaciones, visitó a su familia en Santiago de Cuba y tuvo un encuentro con José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El jueves 10 de septiembre de 2015, encontrándose en su puesto de trabajo en la Dirección Municipal de Educación, se le acercó el jefe de esa institución, Noel Pérez Díaz, y le informó que en su oficina estaban “dos compañeros” que querían conversar con ella.

Durante casi cuatro horas, los agentes de la Seguridad del Estado intentaron disuadirla de pertenecer a la oposición. Insistieron en que desistiera de viajar a La Habana, donde pretendía tener un encuentro con Eliécer Ávila Cicilia, líder de la organización opositora Somos+ y posteriormente reunirse con José Daniel Ferrer, coordinador nacional de Unión Patriótica de Cuba. Columbié se rehusó.

 

El sábado 12 de septiembre, cuando la profesora se disponía a viajar fuera de la provincia, fue perseguida por un agente de la Seguridad del Estado, quien le dijo que la “jefatura” le había advertido que no podía salir de Camagüey. Al negarse a acatar esta violación a su libertad de movimiento, Columbié fue llevada a una estación de policía donde estuvo detenida por casi 12 horas, despojada de su teléfono para que no pudiera comunicarse, sin instrucción de cargos y con la indicación expresa de que no se moviera de allí, para impedir así que viajara a La Habana. Al ser liberada, le mantuvieron la vigilancia policial para impedir que saliera de la provincia.

 

En su barrio y en el centro de trabajo circularon el rumor de que había sido detenida porque le iba a realizar un atentado al papa Francisco (que viajaría a La Habana por esos días) y que, en un supuesto registro realizado en su casa, habían encontrado explosivos.

 

El 10 de octubre, Columbié logró viajar a La Habana y reunirse con Eliecer Ávila. A su regreso, el director municipal de Educación le informó, el 15 de octubre, que se conformaría una comisión disciplinaria para analizar las violaciones al reglamento laboral que alegaban había cometido la profesora.

Seis días después, por medio de la Resolución 162 de 2015, emitida por la Dirección Municipal de Educación (Ver Documento 1), le aplicaron la medida de “separación definitiva del sector o actividad educacional”, debido a “comentar publicaciones que nada tienen que ver con el perfil laboral de un trabajador de educación (…) considerada una infracción de suma gravedad por las consecuencias que genera su comisión”. Además, consideraban que este “actuar negativo constituye una violación de los requisitos o condiciones generales mínimos para ocupar y permanecer en el cargo”.

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