La ideologización de la enseñanza: los decretos-leyes 32, 33 y 34 de 1980

Diecisiete años después de ocupar el poder, las transformaciones implantadas por el gobierno revolucionario cubano se refrendaron en la Constitución de 1976, cuyo preámbulo declara sin rodeos que “guiados por la doctrina victoriosa del marxismo-leninismo y apoyados... en la amistad fraternal, la ayuda y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas...”. A partir de entonces, comenzó la ideologización de la enseñanza a imagen y semejanza de la Unión Soviética. El régimen totalitario dictó un conjunto de normas jurídicas para consolidar lo establecido, entre ellas las relacionadas con el sector educacional. El por qué y para qué de dichas normas se comprende mediante un repaso a los hechos precedentes.

 

Declarado el carácter socialista de la Revolución en 1961, el proceso de control totalitario alcanzó al sector de la educación. El 6 de junio de ese año se aprobó la “Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza”, una medida injustificada porque la misma no era extranjera. El día 30 del mismo mes, Fidel Castro pronunció el discurso conocido como Palabras a los Intelectuales, con el que impuso las reglas del juego: “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución ningún derecho”. Y el 10 de enero de 1962, con la “Ley Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba”, el control totalitario alcanzó a las universidades.

 

Entre 1959 y 1968, la estatización de la economía comenzó con la Ley de Reforma Agraria, continuó con la confiscación de las grandes empresas norteamericanas y no se detuvo hasta confiscar las últimas 55.636 micros, pequeñas y medianas empresas en manos privadas durante la Ofensiva Revolucionaria de 1968.

En ese período, en materia de relaciones internacionales, se inició desde 1959 la exportación de la revolución mediante la guerra de guerrillas, cuya cima fue la presencia de Ernesto Guevara, en Bolivia; y en 1968, se apoyó la intervención militar soviética en Checoslovaquia.

 

La exportación de las guerrillas provocó fricciones con la Unión Soviética y con los partidos comunistas de América Latina; mientras el apoyo a la entrada de los tanques soviéticos a Praga generó contradicciones con intelectuales de izquierda que, hasta ese momento, habían apoyado a la revolución cubana.

 

Si las relaciones con la Unión Soviética mejoraron después del duro golpe recibido en 1967 con la derrota de la guerrilla y la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia; las relaciones con los intelectuales, que habían comenzado a deteriorarse con la reinterpretación de las Palabras a los intelectuales, se agudizaron a partir de la detención del poeta Heberto Padilla, en marzo de 1971, y de su “autocrítica”, ante las cámaras de televisión. La publicación de “El socialismo y los tanques” del peruano Mario Vargas Llosa y de otros textos de los franceses Jean Paul Sartre, Carol Kenes, René Dumont y el del chileno Jorge Edward, abrieron interrogantes y discrepancias sobre el sentido de la revolución y la libertad de expresión en el socialismo que marcaron el fin de la era amorosa entre esos intelectuales y la revolución.

 

En 1970, ante esa coyuntura y la imposibilidad de sostener una política exterior independiente, Fidel Castro proyectó la producción de 10 millones de toneladas de azúcar, cuyo fracaso obligó a repensar el proyecto y a definir quiénes serían los aliados en las nuevas circunstancias.

El apoyo brindado por Cuba, en 1968, a la entrada de los tanques rusos a Praga, coadyuvó a la distención con la Unión Soviética; pero fue con el discurso de Fidel Castro, por el centenario del líder ruso Vladimir Ilich Lenin, el 22 de abril de 1970 -en el que agradeció la ayuda recibida- que se resolvieron definitivamente las diferencias entre ambos gobiernos. Entonces, Fidel optó por prescindir de los incómodos intelectuales, a cambio de la ayuda soviética.

 

En el décimo aniversario de Playa Girón, el 19 de abril de 1971, Fidel hizo público el camino elegido: rebajar a los intelectuales. Ese día planteó la necesidad de que nuestros pueblos dieran "un grito bien alto contra el inadmisible intento de introducir y de mantener las manifestaciones de una cultura decadente, fruto de una sociedad o de sociedades llenas de contradicciones y podridas hasta la médula de los huesos . Al día siguiente, 20 24 de abril, la Federación Estudiantil Universitaria dio la primera señal enarbolando, en la marcha estudiantil por el aniversario de los Mártires de Humboldt, las consignas: “La Universidad para los revolucionarios” y “La ideología, asignatura de nuestra Universidad”.

 

Seguidamente, el Congreso Nacional de Educación, inaugurado el 23 de abril de 1971, fue renombrado como Congreso Nacional de Educación y Cultura. En las palabras de apertura, el entonces ministro de Educación, Belarmino Castilla , introdujo el tema de la cultura.

 

El Congreso fue sarcástico con las creencias religiosas, institucionalizó la homofobia y definió las “desviaciones” homosexuales como patología social . 26 Y la Declaración Final reiteró la noción de una cultura de pueblo que sustituyera a la cultura de élites.

 

La nueva política cultural -militarizada- tomó cuerpo en mayo de 1971: la revista Verde Olivo suplió la “deficiencia” del movimiento intelectual cubano y Luis Pavón, entonces segundo jefe de la dirección Política de las FAR y director de Verde Olivo, fue designado al frente del Consejo Nacional de Cultura.

Para cerrar con broche de oro, se aprovechó la presión que ejercía el boom de nacimiento de los años sesenta (el 40,26% de la población estaba comprendida entre 0 y 16 años de edad) sobre el sistema educacional, ante lo cual Fidel Castro impulsó la construcción de nuevas aulas, especialmente de “Escuelas Secundarias Básicas en el Campo” (ESBEC), para cubrir la demanda, convertir los estudiantes en fuerza productiva e implantar un modelo educativo encaminado a la formación del “hombre nuevo”, con un sistema de enseñanza totalmente subordinado a la política y la ideología del Partido-Estado-Gobierno: un modelo para la instrucción ideologizada, no para formación de valores cívicos y de ciudadanos.

Imbuido de un idealismo extremo, el 26 de julio de 1971, Fidel anunció que, si ese año, el ritmo de construcción había sido de una escuela por mes, en 1972 sería el doble. Luego añadió que se alcanzaría un ritmo de tres por mes y que se aspiraba, en 1975 a alcanzar 100 por año.

 

La euforia constructiva se trasladó al Congreso. El 25 de abril, los delegados fueron traslados a Jagüey Grande, Matanzas, para la inauguración en una de aquellas escuelas, la cual fue bautizada con el nombre de: “Primer Congreso de Educación y Cultura”.

 

Parafraseando a la investigadora y profesora cubana, Ivette García , esa 28 educación se caracterizó por: la estatización, como estrategia con fines instructivos y políticos; la separación de los hijos del seno familiar, incluso desde el círculo infantil; el maestro, como portador, y el educando, como receptor; y la educación cívica -valor patrimonial de la pedagogía cubana- eliminada o circunscrita a la ideología del poder, lo que propició la promoción de individuos dóciles y condujo a la despersonalización.

 

Desde ese momento, el paradigma del intelectual revolucionario pasó a ser el maestro de escuela, mero transmisor de contenidos cognoscitivos e ideológicos generados desde el Partido-Estado-Gobierno. Mientras la base económica para tan magnánimo proyecto estaba garantizada con el acercamiento a la Unión Soviética, a expensas de las relaciones con los intelectuales. De otra forma no hubiera sido posible tan gigantesco plan constructivo. Como corolario, los obstáculos a la sovietización ideológica fueron apartados. El cierre de la revista Pensamiento Crítico y del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, en agosto y noviembre de 1971, lo confirmaron.

En ese contexto, con la economía “garantizada” sin realizar transformaciones internas, el Gobierno cubano dictó un conjunto de normas jurídicas para poner la nueva política educacional en correspondencia con lo establecido por el Congreso de Educación y Cultura. Entre ellas, los decretos-leyes números 32, 33 y 34. El Decreto-Ley 32, de febrero de 1980, concedió a las administraciones estatales poderes extraordinarios para aplicar medidas coercitivas contra los trabajadores “indisciplinados”.

 

El Decreto-Ley 33, de marzo de 1980, modificó el artículo 657 de la Ley número 7, de agosto de 1977, de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, para trasladar con carácter retroactivo varias cuestiones -entre ellas la actividad educacional y la disciplina escolar y estudiantil- de la jurisdicción administrativa a los directores y rectores de los centros de educación.

 

El Decreto-Ley 34, también de 12 marzo de 1980, reafirmó los dos decretosleyes precedentes en cuanto a que: los actos y conductas violatorios de la regulación sobre el normal desarrollo de la actividad educacional y de la disciplina escolar y estudiantil no comprendidos en la legislación laboral, por su carácter educativo, requieren de un tratamiento especializado y, por consiguiente, su conocimiento y atención forma parte del trabajo educativo que se realiza.

Este Decreto-Ley 34 estableció que: “el Estado cubano garantiza el derecho al estudio de todos los ciudadanos”; un principio falso porque desde 1971 se declaró y puso en práctica que la universidad era para los revolucionarios, por lo tanto, todo el que no calificara como tal, quedaba excluido. Por ello, facultó a los rectores de los centros de educación superior, a los jefes de las direcciones provinciales y municipales de los Órganos del Locales Poder Popular y a los directores de otros centro educacionales pertenecientes a las organizaciones políticas, sociales y de masas, para que, en los centros docentes u otras instituciones educacionales que le están subordinados, pueden disponer directamente la separación de su puesto o cargo, cuando se cometa alguno de los actos o conductas que técnicos, profesores, maestros, personal administrativo o de servicios, que tengan relación directa con los alumnos y de los que integran el personal técnico de la docencia, aunque no laboren en centros docentes o instituciones educacionales.

Entre las conductas que pueden dar lugar a la separación del cargo o puesto de trabajo, en los incisos (h) e (i) del citado Decreto-Ley, se encuentran: realizar actos graves y ostensibles, contrarios a la moral socialista y a los principios ideológicos de nuestra sociedad; y cometer cualquier otro acto que pueda ser constitutivo de delito intencional denigrante o tener una actitud inmoral, contrarrevolucionaria, o de otro tipo que por su entidad y trascendencia social, pueda perjudicar a la formación de la niñez o de la juventud.

 

Con esas normativas de 1980, a la actualidad, cientos de alumnos y trabajadores de la educación, que osaron expresar un pensamiento ajeno a lo establecido por el Partido-Estado-Gobierno, han sido separados o expulsados de los centros de estudios; lo que demuestra la inexistencia de las libertades académicas y de expresión, como clara manifestación del control totalitario implantado desde 1961 y endurecido con los decretos-leyes citados.

 

La causa primera de tal estado de cosas tiene su raíz más profunda en el monopolio de los poderes públicos en manos del Partido-Estado-Gobierno; en la ausencia de las libertades de asociación, circulación, enseñanza, empresa, expresión, pensamiento, prensa y del derecho a réplica ; en el monopolio de 29 los medios de comunicación masiva; y en la subordinación de la sociedad a una ideología, lo cual ubica al gobierno cubano como un modelo “perfecto” de régimen totalitario. Como planteó el sociólogo y politólogo español, Juan Linz: en los regímenes totalitarios, el Estado está presente en todos los niveles de la vida de las personas, en los autoritarios esa frontera es difusa y en los democráticos la línea divisoria está claramente delimitada.

Tres de los resultados de la sustitución de la educación por la instrucción ideologizada han sido: 1- la pérdida de la condición de ciudadano, su conversión en masa, es decir, la formación del "hombre nuevo", caracterizado por la fidelidad y subordinación a la élite gobernante; 2- cientos de estudiantes y trabajadores que han perdido y continúan amenazados de perder sus estudios o sus trabajos víctimas de esa política; y 3- el enorme daño antropológico a la sociedad cubana. Un resultado que explica el retroceso material y espiritual sufrido por la sociedad cubana en las últimas seis décadas. Ese ha sido y es el precio de la enseñanza estatizada, selectiva y “gratuita”.