Socavamiento de la autonomía universitaria en la Reforma de la Enseñanza Superior (1962)
Fidel Castro en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, efectuado en 1953, anunció las primeras leyes que entrarían en vigor después del triunfo insurreccional: 1. Restitución de la Constitución de 1940, 2. Reforma agraria, 3. Derecho de los obreros al 35% de las utilidades en las grandes empresas, 4. Derecho de los colonos al 55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40 mil arrobas, y 5. Confiscación de los bienes a los malversadores.
A esas cinco leyes -explicó- le seguirían otras seis, entre ellas una reforma integral de la enseñanza, la cual fue dictada el 26 de diciembre de 1959. Esta Ley estableció y reguló los tres niveles de estudio del sistema nacional de educación y la obligatoriedad de la enseñanza hasta el sexto grado.
En correspondencia con el carácter democrático anunciado en el programa del Moncada, esta normativa no incluyó nada respecto a la prohibición de la enseñanza privada.
La nacionalización
El 16 de abril de 1961, aprovechando el estado de ánimo exacerbado por las víctimas del bombardeo aéreo del día anterior -sin mediar una consulta nacional- ante miles de habaneros, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución. Transcurridos menos de dos meses de esa declaración, el 6 de junio de 1961, el Consejo de Ministros promulgó la “Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza”, fundacional del totalitarismo cubano en la esfera de la educación.
En los por cuantos de dicha Ley se argumenta que la supresión de la educación privada y el traspaso de sus establecimientos y bienes a propiedad del Estado se realizan porque: la enseñanza debe estar orientada mediante la integración unitaria de un sistema educacional que responda cabalmente a las necesidades culturales, técnicas y sociales que impone el desarrollo de la Nación; en muchos centros de enseñanza se explotaba a sus maestros y empleados; esos centros privados, especialmente los operados por órdenes religiosas católicas, venían realizando una activa labor de propaganda contrarrevolucionaria; dichos centros favorecían la división de clases y fomentaban el privilegio; y la Revolución cubana estaba empeñada en poner todos los medios de la educación y la cultura al servicio de todos los niños y jóvenes cubanos, sin distinción ni privilegio.
Seguidamente, en sus dos primeros artículos, la Ley declaró pública la función de la enseñanza gratuita, la exclusividad del Estado para ejercer dicha función y para adjudicarse la propiedad de los bienes, derechos y acciones que integran los patrimonios de los citados centros.
Es decir, con esta Ley se produjo un giro del programa democrático anunciado en el Moncada -por el que durante la clandestinidad y la lucha armada lucharon y murieron profesores y estudiantes en todo el país formados en las escuelas privadas- a una educación monopolizada por el Estado.
Antes de 1959
El estado de la educación bajo el dominio colonial español era pésimo. El Gobierno de Ocupación Militar, para cambiar esa situación, dispuso la orden N° 226, en diciembre de 1899, y designó al frente de la Secretaría de Instrucción Pública al Dr. Enrique José Varona, quien devino el más notable educador que ha producido Cuba.
Varona, convencido de que nada será bueno ni perfecto mientras los hombres no sean buenos y perfectos, que el propósito y el deber de los profesores se concentran en la formación moral del hombre y que, para vivir de otro modo necesitamos aprender de otro modo, encabezó una reforma profunda de la enseñanza.
La primaria contó con una legislación especial; la secundaria quedó subordinada a los Institutos públicos provinciales, de manera que los alumnos para continuar estudios tenían que someterse a examen ante Tribunal, de acuerdo al plan establecido para los centros oficiales. En el caso de la educación superior incluyó una “Ciudad Universitaria”, como base geográfica del Estado Universitario, con sus ciudadanos, sus leyes y su organización jurídica.
“La enseñanza oficial -decía Varona- por amplia que sea, por mucho que se extienda, por bien que se organice, no debe estar sola. De todos los monopolios artificiales, ninguno es más pernicioso que el de la instrucción. Y el monopolio existe, ya pretenda ejercerlo un individuo, una clase, un organismo social, ya el gobierno en representación del Estado. Junto a la enseñanza oficial conviene que florezca la enseñanza privada. Esta sirve de estímulo a la primera para que no se estanque, para que no caiga en la rutina, para que sepa y procure emplear siempre en el mismo sentido del progreso los grandes medios de que dispone. Por su parte la escuela oficial cumplidamente organizada, tiende a ser el modelo por el cual se constituyan las particulares, necesitadas de no quedarse atrás, para verse favorecidas por los padres de familia conservadores y vigilantes”.
Si en 1900, según el censo de población, el 57% de la población mayor de diez años era analfabeta; en 1953, el analfabetismo, en ese mismo rango de edad, se había reducido a un 23%, uno de los índices más bajos de este Hemisferio.
En la década de los 50, Cuba contaba con una enseñanza pública gratuita para todos los niveles y tipo de enseñanza. En las tres universidades públicas, la matrícula anual costaba 60 pesos, cantidad que los alumnos podían abonar a plazos durante el transcurso del año. Los estudiantes de familia de bajos ingresos que no podían abonar esa cuota se les exonerara del pago de la matrícula, previa presentación de una carta de solicitud, pues el 10% del total de alumnos matriculados eran gratis. Y en 1958 la educación privada contaba con una matrícula de aproximadamente 90.000 alumnos, lo que aliviaba al Estado de los gastos de la educación y garantizaba el tipo de educación que los padres deseaban para sus hijos, acorde a sus valores e intereses personales.
Un ejemplo de la enseñanza privada fueron las Escuelas Pías, cuyo lema era “Piedad y Letras”. En ellas, como en el resto de los establecimientos docentes religiosos, se aplicaba el Programa Oficial de Enseñanza de la Secretaría de Instrucción; mientras a la enseñanza religiosa dedicaban dos horas semanales: en la primaria, al catecismo, y en la secundaria, comercio y bachillerato, a la teología. Los libros de texto empleados eran los de la Educación Oficial, como se puede apreciar en sus portadas. Se enseñaba y respetaba la historia nacional y las fechas históricas, lo que permitía la formación de ciudadanos comprometidos con su Nación, no con una ideología, un gobierno o un partido político. Rastreados los graduados de esta institución encontramos figuras claves de la ciencia, la educación, la política y la cultura cubanas, uno de ellos, aún en plena etapa de generación, es el caso del economista, Dr. Carmelo Mesa Lago, graduado de Bachiller en el curso 1950-1951, en la Escuela Pía del municipio Diez de Octubre, y actualmente destacado catedrático de la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos.
El resultado
En ausencia de una economía propia y eficiente, gracias a las subvenciones soviéticas, la educación estatizada posibilitó elevadas cifras de graduados universitarios y de nivel tecnológico, pero con la desaparición de los subsidios sufrió un retroceso. Las condiciones de estudio y trabajo en los internados rurales se deprimieron, se produjo una deserción de grandes masas de estudiantes y miles de profesores emigraron hacia otras ocupaciones más rentables, mientras decenas de escuelas construidas en el campo fueron abandonadas. Así terminó el experimento voluntarista -sin base económica- que se propuso hacer de Cuba “el país más culto del planeta”.
La nacionalización respondió, pues, a fines no declarados en la Ley. La necesidad de extender la enseñanza gratuita y obligatoria hasta el noveno grado y llevarla hasta las zonas más apartadas del país no requería la eliminación de la escuela privada, sino más bien su existencia, como complemento de la escuela pública.
El fallido propósito de formar al llamado Hombre Nuevo, para lo cual el Estado sustituyó el papel de los padres, asestó un duro golpe a la familia, como núcleo básico de la sociedad. A ello se unió la ideologización, el ingreso forzoso a centros internados y la obligada adhesión a las ideas comunistas, una de cuyas manifestaciones ha sido, hasta hoy, la exclusión de una parte de los cubanos con el lema de “la universidad es para los revolucionarios”.
Contrario a los por cuanto citados de la Ley, la explotación del hombre por el hombre, se sustituyó por la explotación del hombre por el Estado, con salarios insuficientes; el derecho a disentir de la ideología comunista se calificó de propaganda contrarrevolucionaria; la división de clases y el fomento del privilegio regresó con las ventajas para ingresar a los más altos niveles de instrucción por parte de los sectores más acomodados de la sociedad; y el poner los medios de la educación y la cultura al servicio de todos terminó en la universidad para los revolucionarios, lo que fue conformando una moral basada en la simulación, con un daño antropológico de incalculables consecuencias.
Con el efecto negativo ocasionado durante seis décadas por la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza -soporte legal del totalitarismo cubano en la educación- el propósito de formar, educar e instruir desde la ética y no al servicio de un poder, de una ideología o de un partido, continúa siendo una asignatura pendiente en Cuba.